El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en la reforma de la Ley del Suelo con la aprobación, este lunes en Consejo de Gobierno, del texto que ahora será remitido al Consejo Consultivo antes de iniciar su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo confía en que la propuesta pueda debatirse en la Cámara regional a finales del próximo mes de julio.
La actualización de la norma persigue agilizar los procedimientos urbanísticos, facilitar la construcción de vivienda pública, responder al reto demográfico, fortalecer la protección del territorio y ofrecer un mayor respaldo al sector primario.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó que la reforma es fruto de un amplio proceso de participación desarrollado durante el último año y medio, en el que han intervenido más de 700 profesionales y expertos repartidos en 17 foros de trabajo. Además, recordó que parte de las medidas, especialmente las relacionadas con la vivienda, ya se han adelantado mediante decretos ley.
Uno de los principales objetivos de la modificación es simplificar la tramitación administrativa. La propuesta contempla reducir la documentación exigida para los planes generales de ordenación municipal en torno a un 40 % y rebajar los plazos de aprobación desde los 210 días actuales hasta aproximadamente 160.
En materia de vivienda, el texto incrementa las reservas de suelo destinadas a promociones públicas. En suelo urbano consolidado, el porcentaje pasará del 10 al 20 %, mientras que la cesión obligatoria para generar suelo destinado a nuevas viviendas aumentará del 10 al 15 %.
La reforma también presta especial atención a los municipios de menos de 10.000 habitantes. Según Miranda, el objetivo es facilitar la construcción de viviendas en asentamientos rurales, eliminando algunos requisitos relacionados con el crecimiento poblacional y considerándolos actuaciones de interés general para favorecer el acceso a ayudas y subvenciones.
En paralelo, el Gobierno plantea endurecer el régimen sancionador frente a las infracciones urbanísticas y medioambientales. Entre las novedades figura la ampliación del plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que pasará de seis a nueve meses, así como el aumento del periodo de prescripción de las sanciones, que se duplicará de cuatro a ocho años. Asimismo, se elevarán con carácter general las cuantías mínimas de las multas.
El sector primario también gana protagonismo en la reforma. La propuesta incorpora una regulación específica para las actividades turísticas en asentamientos rurales y permitirá la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria efectiva.
Para el consejero, esta modificación supone «una apuesta por un desarrollo sostenible con una fórmula consensuada» que permitirá «la agilidad para responder a desafíos complejos y una mayor protección del territorio».