El Gobierno de España, a través de la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un plazo de seis meses para retirar el monumento a la Victoria, más conocido como monumento a Franco.

La decisión llega después de que el monumento fuera incluido en el catálogo de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática y tras descartarse que reúna los requisitos necesarios para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazó recientemente esa posibilidad al considerar que la obra no posee valores patrimoniales suficientes para justificar su protección.

Según la resolución, la retirada de la escultura no implica su destrucción. El Ayuntamiento deberá trasladarla a una dependencia pública para su custodia, donde no podrá permanecer expuesta al público. El objetivo es dar cumplimiento a la normativa estatal, que obliga a retirar de los espacios públicos los elementos que supongan una exaltación de la dictadura franquista.