Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional encargado del ‘Caso Leire’, acordó este jueves la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. La declaración de ambos está prevista para el próximo jueves 16 de julio. El auto firmado por el juez Pedraz recoge los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito sostiene que los tres altos mandos podrían haber incurrido, presuntamente, en delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos, al tiempo que apunta a una posible cooperación con la trama investigada. La acusación basa su solicitud en las declaraciones prestadas por varios mandos de la UCO y en los informes incorporados a la causa, que reflejan supuestas órdenes para “ponerse de perfil” en investigaciones con repercusión política.

Uno de los aspectos que más peso tiene en la petición son los contactos mantenidos entre Mercedes González y Leire Díez. Según la investigación, ambas se reunieron en varias ocasiones entre 2024 y 2025. La directora de la Guardia Civil ha reconocido esos encuentros, aunque ha negado de forma tajante que en ellos se hablara de perjudicar a la UCO o de interferir en investigaciones judiciales. También rechaza cualquier participación en una supuesta trama contra la unidad de élite del Instituto Armado.