La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, no ha alterado la posición del Gobierno. Pese a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, que investiga a ambos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire, La Moncloa ha trasladado un mensaje de “máxima tranquilidad” y ha reiterado su confianza en los dos responsables del Instituto Armado.

Fuentes del Ejecutivo sostienen que ambos ofrecerán las explicaciones oportunas ante la Justicia y defienden que la imputación no modifica su respaldo político ni supone motivo para apartarlos de sus cargos. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, también mantiene su apoyo y asegura que seguirán desempeñando sus funciones con normalidad mientras avanza la investigación.

La decisión ha provocado una fuerte reacción de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han solicitado la dimisión de la directora general y del DAO por considerar que la institución no puede estar dirigida por responsables investigados penalmente. La oposición también ha reclamado responsabilidades políticas y ha pedido el cese de ambos cargos y del propio ministro del Interior.

El caso abre un nuevo frente para el Ejecutivo, que opta por cerrar filas con la dirección de la Guardia Civil mientras la investigación judicial continúa su curso y ambos responsables deberán comparecer ante el juez en las próximas semanas.