Los canarios empiezan a comprobar en sus recibos el impacto real de la nueva tasa de residuos. Lo que durante meses fue un debate político y administrativo se ha convertido ahora en una realidad en los hogares: la factura de la basura sube y muchos ciudadanos se encuentran con incrementos que en algunos casos rondan el 50%.

La nueva obligación de que los ayuntamientos repercutan el coste completo del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos ha cambiado el escenario municipal. Lo que antes se cubría parcialmente con otros ingresos públicos pasa ahora a reflejarse directamente en el recibo ciudadano.

En distintos municipios del Archipiélago empiezan a verse ejemplos claros del salto: viviendas que abonaban alrededor de 80 u 85 euros se encuentran con recibos que se acercan o superan los 130 euros, dependiendo del municipio, del inmueble y de los criterios aplicados. En grandes ciudades el impacto es especialmente visible: en Las Palmas de Gran Canaria las nuevas cuantías pueden acercarse a los 145-149 euros anuales en determinados casos.

La medida ha generado sorpresa y malestar entre muchos vecinos, que ahora perciben el verdadero alcance del conocido como “basurazo”. Los ayuntamientos defienden que aplican una obligación normativa y que el objetivo es financiar de forma real el coste de un servicio cada vez más caro.

El debate se extiende ya por toda Canarias: cómo avanzar hacia un modelo más sostenible de gestión de residuos sin convertir una nueva tasa en otra carga más para unas familias que ya afrontan el encarecimiento de la cesta de la compra, la vivienda y los gastos básicos.

La basura siempre estuvo ahí. La diferencia es que ahora el recibo enseña el coste completo.