España, y especialmente Canarias, afrontan una de las mayores crisis habitacionales de las últimas décadas. Lo más preocupante no es la situación actual, sino que, si se mantiene la misma línea de actuación, el problema será mucho más grave en los próximos años.

Durante demasiado tiempo se ha abordado la vivienda desde el discurso ideológico en lugar de hacerlo desde la gestión. La consecuencia está a la vista: cada vez hay menos oferta, los precios siguen disparándose y miles de familias, especialmente jóvenes, no pueden acceder a una vivienda digna.

Las causas son conocidas. Existe una hiperregulación del suelo que convierte cualquier desarrollo urbanístico en una carrera de obstáculos. A ello se suma la parálisis administrativa de numerosos ayuntamientos, donde una licencia de obra puede tardar dos o incluso tres años en concederse. Ese retraso multiplica los costes, frena inversiones y acaba trasladándose al precio final que paga el comprador o el inquilino.

También ha pesado una visión política que durante años ha identificado urbanismo y construcción con corrupción. Es un error que ha terminado por demonizar a todo un sector que, cuando funciona dentro de la legalidad, genera empleo, riqueza y, sobre todo, viviendas. La corrupción nunca ha sido consecuencia de construir, sino de administraciones que no funcionaban correctamente. Cuando una licencia puede obtenerse en un plazo razonable, desaparece gran parte del terreno abonado para cualquier práctica irregular.

En este contexto, resulta justo reconocer que el Gobierno de Canarias ha comenzado a impulsar algunas medidas para agilizar procedimientos y facilitar la construcción de vivienda, aunque todavía son insuficientes frente a la magnitud del desafío. Hace falta ir mucho más allá y, sobre todo, que el conjunto de las administraciones actúe en la misma dirección.

La solución existe. Hay que liberar suelo con planificación, simplificar la normativa, reducir la burocracia, fijar plazos máximos para las licencias y exigir responsabilidades cuando esos plazos no se cumplan. Es imprescindible recuperar la seguridad jurídica para que quien quiera invertir y construir pueda hacerlo con reglas claras y tiempos razonables.

La vivienda no se abaratará por decreto ni con más intervencionismo. Bajará cuando aumente la oferta. Y la oferta solo crecerá si se facilita la construcción de nuevas viviendas, tanto públicas como privadas.

Canarias necesita dejar atrás los prejuicios y afrontar este debate con sentido común. Porque el verdadero enemigo no es quien construye; el verdadero problema es un sistema que lleva años impidiendo construir lo suficiente.

Seguir por el mismo camino solo garantizará una cosa: que la próxima generación tenga aún más difícil acceder a una vivienda. Y eso sí sería una auténtica irresponsabilidad política.