La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, ha advertido de que el silencio administrativo continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho de acceso a la información pública, pese a la mejora que, según refleja el último informe anual del organismo, han experimentado tanto las entidades públicas como las privadas en materia de transparencia.

En una entrevista concedida a Radio MARCA y La Gaceta de Canarias, García explicó que el informe correspondiente al pasado ejercicio constata una evolución positiva en los portales de transparencia, aunque insistió en que «el silencio administrativo sigue siendo uno de los elementos que tenemos que combatir».

La comisionada lamentó que, en algunos casos, se produzca incluso un «doble silencio administrativo», al no responderse ni al ciudadano que solicita información ni al propio Comisionado cuando interviene para reclamar una respuesta. «No es de recibo», afirmó.

García reconoció que muchas administraciones alegan falta de personal para atender las solicitudes de información, pero recordó que se trata de un derecho de la ciudadanía. En este sentido, defendió que las entidades cuenten con personal específico y formación adecuada para atender estas obligaciones: «Las entidades tienen que entender que implantar la cultura de la transparencia en su forma de gestionar repercute en un beneficio para el sistema democrático y para la propia institución», señaló.

La responsable del Comisionado también mostró su preocupación porque una de cada tres entidades privadas obligadas por ley todavía incumple las exigencias de transparencia. A su juicio, cualquier falta de transparencia «lleva aparejado lo oscuro» y recordó que algunas organizaciones que reciben fondos públicos siguen sin publicar la información exigida o ni siquiera participan en las evaluaciones del organismo.

No obstante, destacó la evolución positiva registrada entre los partidos políticos con representación parlamentaria, así como sindicatos y organizaciones empresariales, que este año se han sometido a la evaluación. Según indicó, quienes participaron obtuvieron calificaciones aprobadas e incluso «con buena nota», lo que demuestra una mayor preocupación por cumplir con la normativa.

Entre los retos de futuro, García anunció la intención de incorporar herramientas de inteligencia artificial para automatizar parte del proceso de evaluación de los portales de transparencia. Explicó que esta tecnología permitirá comprobar miles de obligaciones de publicidad activa de forma más ágil, aunque subrayó que siempre existirá supervisión humana: «A todos nos pasa que cuando hay algo novedoso siempre le tenemos cierto temor, y eso pasa con la inteligencia artificial», comentó, antes de recordar que existen resoluciones judiciales que avalan el derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de los algoritmos utilizados por las administraciones.

Finalmente, la comisionada avanzó que el organismo trabaja para incorporar nuevos criterios que valoren no solo la información publicada, sino también la capacidad de las administraciones para responder dentro de plazo a las solicitudes ciudadanas. Asimismo, reclamó un refuerzo de la plantilla del Comisionado, integrada actualmente por once personas, y animó a la ciudadanía a recurrir al organismo cuando una administración no atienda su derecho de acceso a la información pública. «Queremos que cualquiera sepa que, si pide información y no le contestan, para eso está el Comisionado», concluyó.