La cruzada fiscal que asfixia a España: el Estado vive, el ciudadano sobrevive
España vive una silenciosa cruzada. No es una guerra visible, pero sí constante: la que libra Hacienda contra los ciudadanos. En un país donde los sueldos suben sobre el papel, pero la inflación y los impuestos devoran cualquier mejora, la clase media siente que el esfuerzo ya no compensa. El Estado presume de estabilidad macroeconómica mientras la microeconomía —la de la calle, la del autónomo, el asalariado o el pequeño empresario— se hunde entre facturas, retenciones y miedo.
Cada nueva norma fiscal que se anuncia para 2026 suena más a advertencia que a avance. Se amplían los controles, se endurecen las sanciones y se multiplica la vigilancia.
El español medio vive con el temor de una llamada de Hacienda: los más ricos porque saben que son el objetivo; los más humildes porque temen no poder demostrar su inocencia. En esta ecuación perversa, los pactos con la Agencia Tributaria para “evitar males mayores” se han convertido en una forma de penitencia colectiva. Los ciudadanos aceptan la culpa por el simple hecho de trabajar.
Y mientras tanto, el discurso político divide entre “ricos” y “pobres”, como si el mérito o el esfuerzo fueran delitos. Pero el problema no está en regalar o quitar, sino en entender que cada ayuda pública sale de los impuestos de todos. Cuando se premia la inactividad y se castiga el emprendimiento, el mensaje a las nuevas generaciones es devastador: no trabajes, espera a que el Estado te mantenga.
Hacienda necesita cambiar, y con ella la clase política que vive en su burbuja. No se puede destrozar al autónomo ni ahogar al pequeño contribuyente. Los grandes pagadores —a quienes se les detrae hasta la mitad de sus ingresos— no invertirán ni generarán riqueza si sienten que cada euro ganado será confiscado. Y los pequeños seguirán pensando que el sistema está diseñado para aplastarlos.
España no necesita más ingeniería financiera ni discursos triunfalistas; necesita justicia fiscal y un modelo que premie el trabajo y el riesgo. Si el país quiere recuperar inversión, crecimiento y dignidad económica, debe abandonar esta deriva confiscatoria.
Y entonces, la gran pregunta que resuena desde hace décadas volverá a tener sentido: ¿Hacienda somos todos… o solo de aquellos que saben poner la coma en el lugar correcto para salir indemnes?