La Comisión Europea ha vuelto a situar a España bajo el foco por los avances aún insuficientes en la lucha contra la corrupción. En su Informe sobre el Estado de Derecho 2026, Bruselas reconoce que el Gobierno ha impulsado algunas medidas, como el Plan Estatal Anticorrupción, pero considera que las reformas siguen siendo incompletas y pide acelerar su aplicación para reforzar la transparencia y la confianza en las instituciones.

El documento advierte de que España continúa sin culminar recomendaciones formuladas en años anteriores, entre ellas la regulación de los grupos de presión (lobbies), un mayor control sobre las declaraciones patrimoniales y los conflictos de intereses de los altos cargos, así como la creación de mecanismos más eficaces e independientes para prevenir y perseguir la corrupción. La Comisión también insiste en seguir fortaleciendo la independencia del Poder Judicial y los órganos de control.

El informe llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por varias investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE, entre ellas el caso que implica al exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Aunque Bruselas no se pronuncia sobre procedimientos concretos, sí subraya la necesidad de que España refuerce sus herramientas de prevención, investigación y sanción frente a la corrupción para alinearse con los estándares europeos.