La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Ejecutivo central que desarrolle el marco normativo necesario para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) antes de exigir a la comunidad autónoma la designación de representantes legales para menores migrantes no acompañados.

Delgado respondió así al requerimiento remitido por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para que el Ejecutivo autonómico nombrara a estos representantes dentro del nuevo procedimiento de triaje que debe aplicarse a los inmigrantes que llegan de forma irregular al archipiélago.

La consejera explicó que Canarias rechazará formalmente esa petición al considerar que el Gobierno central todavía no ha aprobado el protocolo que regula esta nueva figura, destinada a representar provisionalmente a los menores que llegan solos a España desde el momento en que manifiestan ser menores de edad o existen indicios de que lo son.

Según indicó, esta posición fue trasladada a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una reunión celebrada tras la suspensión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que finalmente no se celebró por la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Delgado aseguró que la ministra desconocía la existencia del requerimiento enviado desde la Delegación del Gobierno y que se comprometió a abordar la situación con los ministerios del Interior y de Juventud e Infancia para impulsar la aprobación del protocolo correspondiente.

La responsable autonómica insistió en que Canarias mantiene una actitud de colaboración con el Estado, aunque advirtió de que cualquier competencia adicional deberá ir acompañada de la financiación necesaria. También criticó el tono del requerimiento recibido, al considerar que incluía una «amenaza velada» sobre una posible actuación de los poderes del Estado si no se atendía la petición.

Ambas administraciones han acordado mantener una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para tratar esta cuestión y otros asuntos pendientes, como el balance de la regularización extraordinaria y el Plan de Integración y Ciudadanía. Delgado confió en alcanzar un acuerdo, aunque advirtió de que, en caso contrario, el Gobierno de Canarias estudiará acudir a los tribunales.

En relación con la ausencia de las comunidades del PP en la Conferencia Sectorial, la consejera defendió que ese foro es el espacio adecuado para plantear discrepancias con el Ejecutivo central. «Hay que venir, hablar y, si hay que pelear o reclamar al Estado, hacerlo tanto dentro como fuera de la reunión», afirmó.