Greenpeace ha advertido de la «grave crisis» que atraviesa el litoral canario, donde se pierden cada año cuatro kilómetros de costa natural como consecuencia de la presión humana y los efectos del cambio climático. Así lo recoge el informe Destrucción a Toda Costa 2026, presentado este jueves.

Según el estudio, el archipiélago cuenta con 18 puntos críticos, unos 150 kilómetros de litoral en riesgo y 1.419 expedientes sancionadores abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en el último año. La organización ecologista atribuye esta situación a la creciente artificialización del litoral, las construcciones ilegales en el dominio público marítimo-terrestre y la desregulación urbanística.

Greenpeace sostiene que las actuaciones habituales para proteger la costa, como la construcción de escolleras o la reparación de paseos marítimos tras los temporales, constituyen únicamente «parches» costosos y cada vez menos eficaces frente al avance del mar.

La organización recuerda que las proyecciones científicas apuntan a una subida del nivel del océano cercana a un metro a finales de siglo, un escenario que situaría a unos 150 kilómetros del litoral canario en una posición de especial vulnerabilidad.

El informe también señala diversos conflictos ambientales en las islas, entre ellos el proyecto turístico Cuna del Alma, en Adeje, investigado judicialmente por una presunta invasión de la servidumbre de protección; las protestas por el hotel de La Tejita, en Tenerife, y la orden de demolición del hotel Oliva Beach, en Fuerteventura.

Asimismo, denuncia que los temporales evidencian la fragilidad del litoral artificializado. Como ejemplo cita la borrasca Therese, cuyos daños, valorados en ocho millones de euros, afectaron, entre otras infraestructuras, a las piscinas naturales de La Laguna.

En el ámbito marino, Greenpeace alerta del deterioro de la biodiversidad. Menciona el proyecto Underwater Gardens en Punta Blanca (Tenerife), que considera un caso de greenwashing al proyectarse sobre la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, y valora positivamente la posible anulación de su Declaración de Interés Insular.

El estudio también advierte del descenso de la biomasa pesquera en la reserva marina del norte de Lanzarote, donde el aumento de la temperatura del agua y la alteración de las corrientes estarían favoreciendo la expansión de especies tropicales en detrimento de otras tradicionales. Además, recoge investigaciones de la Universidad de La Laguna que apuntan a que el calentamiento del mar está afectando a tres especies clave de macroalgas.

Entre los aspectos positivos, Greenpeace destaca la decisión del Cabildo de Gran Canaria de frenar una macrogranja de lubinas en La Aldea de San Nicolás para preservar el entorno y la pesca sostenible.

La organización también critica los movimientos de tierra realizados en la playa de Veneguera (Gran Canaria) por una filial del grupo Lopesan, actuación que asegura permanece pendiente de una resolución sancionadora por parte de Costas.

Como ejemplos de adaptación basada en la naturaleza, el informe pone en valor la demolición del hotel abandonado de Añaza para renaturalizar el frente costero de Santa Cruz de Tenerife, la actuación prevista en la playa de Las Caletillas (Candelaria), con una inversión de 1,2 millones de euros para mejorar los accesos sin construir nuevas escolleras, y la gestión desarrollada en La Cícer (Las Palmas de Gran Canaria), donde se descartó el aporte artificial de arena tras constatarse científicamente que el propio oleaje recupera los sedimentos de forma natural.

La responsable de la campaña de Adaptación de la Costa de Greenpeace, María José Caballero, afirmó que «la costa canaria se enfrenta a una crisis climática que deja impactos cada vez más visibles y violentos» y reclamó que las administraciones adopten medidas basadas en criterios científicos para garantizar la conservación del litoral.

Entre sus propuestas, la ONG plantea priorizar la restauración de ecosistemas frente a nuevas infraestructuras de defensa, limitar la urbanización en zonas inundables, planificar la retirada de construcciones expuestas al avance del mar, favorecer el aporte natural de sedimentos a las playas y diseñar la gestión del litoral con una perspectiva de largo plazo adaptada al cambio climático.