El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida incluida en el plan de movilidad sostenible de la capital y financiada con fondos europeos Next Generation.
La propuesta salió adelante con los votos favorables del grupo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, además del concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso. Vox votó en contra, mientras que el PSOE se abstuvo.
La ordenanza incorpora 15 de las 30 alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública por entidades sociales, vecinales, económicas y particulares. El Ayuntamiento señala que las aportaciones aceptadas introducen modificaciones de carácter técnico, aclaratorio y garantista, aunque no suponen cambios sustanciales respecto al texto inicial.
La Zona de Bajas Emisiones estará delimitada en el área comprendida entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez y San Isidro y la avenida de Anaga, quedando fuera de las restricciones las vías exteriores a este perímetro.
Las limitaciones de acceso se aplicarán de lunes a sábado, entre las 07:00 y las 20:00 horas, y afectarán únicamente a los vehículos considerados más contaminantes: los de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los vehículos diésel anteriores al 1 de enero de 2006.
No obstante, la ordenanza contempla un amplio sistema de exenciones y autorizaciones para facilitar el acceso de determinados colectivos. Entre ellos se incluyen los residentes en la zona, vehículos de personas con movilidad reducida, taxis y transporte público, servicios de emergencia, limpieza, suministros, grúas, vehículos históricos y aquellos vinculados a servicios esenciales.
Además, podrán solicitar autorización otros colectivos como personas con dificultades económicas para renovar su vehículo, cuidadores de personas mayores o dependientes residentes en la zona, familias numerosas, titulares de plazas de garaje, usuarios de aparcamientos públicos, autónomos y empresas con actividad dentro del área restringida.
También se contemplan excepciones para vehículos destinados al reparto de mercancías, transporte escolar, asistencia a centros médicos y veterinarios, talleres de reparación, farmacias, servicios funerarios, autoescuelas y vehículos con matrícula extranjera o diplomática.
La implantación de la ZBE forma parte de un programa integral dotado con 12 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, que incluye también la incorporación de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa y actuaciones relacionadas con la movilidad personal.
Con esta aprobación, Santa Cruz avanza en la puesta en marcha de una medida obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes dentro de la normativa estatal y europea de calidad del aire y movilidad sostenible.