La tensión entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias ha estallado. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) acusa al Ejecutivo autonómico de impulsar una regulación del alquiler vacacional que vulnera los derechos de más de 40.000 propietarios y “coloca a los municipios en una posición imposible”.
Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, firme en su postura, reprocha al Gobierno que haya ignorado las advertencias técnicas y jurídicas trasladadas desde los ayuntamientos: “No se puede legislar desde un despacho sin conocer la realidad de los pueblos y ciudades de Canarias”. La FECAM denuncia que la ley nace sin consenso, sin recursos para aplicarla y con un impacto que “desbordará a los consistorios más pequeños”.
Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que la norma es “necesaria para ordenar un sector descontrolado”, una defensa que la FECAM considera insuficiente e incluso irresponsable. Los alcaldes reclaman un marco transitorio real, garantías jurídicas y una regulación diferenciada por islas y municipios, advirtiendo de que el texto actual abrirá un conflicto judicial masivo afectando a decenas de miles de viviendas ya regularizadas.
“Esto no es una guerra política —afirma Bueno—, es una defensa de la seguridad jurídica y del interés de miles de familias canarias”. El pulso entre FECAM y Gobierno está lejos de cerrarse.
