UGT Canarias ha cargado con dureza contra el borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno regional para sancionar a las personas desempleadas que rechacen, sin causa justificada, una oferta laboral o un curso formativo.
La norma, aún en redacción, plantea suspender o incluso retirar la prestación a quienes no acepten propuestas consideradas “adecuadas” por el Servicio Canario de Empleo.
El Ejecutivo defiende que busca activar el mercado laboral ante miles de vacantes sin cubrir, pero UGT denuncia un “disparate” que estigmatiza a los parados y asume “los postulados de las patronales”, sin mejorar las condiciones reales de trabajo en las Islas.
Para el vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT Canarias, Héctor Fajardo, se trata de una “maniobra de represión contra la clase trabajadora”.
No es que la gente no quiera trabajar, es que las condiciones y ofertas que se hacen no se ajustan a la realidad económica y social y que vivimos: viviendas cada vez más caras, la cesta de la compra por las nubes, horas de traslado que imposibilitan la conciliación familiar.
