El Ayuntamiento recurrirá a expertos externos para analizar el impacto de las jaulas de lubina previstas frente a su litoral y preparar sus alegaciones
El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha decidido plantar cara al proyecto de instalación de una granja marina frente a su litoral. El Consistorio ha encargado la contratación de una asistencia técnica externa especializada para estudiar a fondo la iniciativa y preparar las alegaciones municipales contra la futura explotación acuícola.
La medida responde al requerimiento de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, que ha abierto un periodo de 30 días hábiles de información pública para presentar alegaciones al proyecto y a su Estudio de Impacto Ambiental.
El proyecto, promovido por Gran Canaria Bass Company, contempla la instalación de jaulas marinas destinadas al cultivo de lubina en la Zona de Interés Acuícola ZIA-GC-9, frente a la costa de La Aldea y Artenara. La iniciativa prevé una producción de hasta 5.400 toneladas de lubina al año y 24 jaulas marinas.
Un informe para analizar el impacto ambiental
El Ayuntamiento considera que la propuesta presenta una elevada complejidad técnica y ambiental, con posibles afecciones sobre aspectos como la oceanografía, la dinámica litoral, los hábitats protegidos, el paisaje y la actividad pesquera.
Ante la falta de personal municipal especializado en ecología y acuicultura marina, el Consistorio recurrirá a expertos externos para auditar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora y elaborar unas alegaciones con argumentos técnicos, científicos y jurídicos.
La decisión se suma al rechazo expresado por el Pleno municipal el pasado 9 de julio, cuando todos los grupos aprobaron por unanimidad una moción contra la instalación de jaulas marinas tanto en la ZIA-GC-9 como en la ZIA-GC-8. El Ayuntamiento reclamó entonces al Gobierno de Canarias la exclusión definitiva de ambas zonas de la planificación acuícola autonómica.
Un proyecto que ya ha activado la evaluación ambiental ordinaria
El expediente ha dado un paso adelante después de que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental determinara que el proyecto debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que podría producir efectos significativos sobre el medio ambiente.
Ahora La Aldea pretende utilizar el periodo de exposición pública para presentar una oposición respaldada por informes técnicos. El Consistorio sostiene que la defensa del litoral debe tener en cuenta tanto los valores naturales y paisajísticos de la costa como la continuidad de la pesca artesanal local.
La batalla contra las macrogranjas marinas entra así en una nueva fase: La Aldea quiere que sus argumentos estén avalados por expertos antes de decidir el futuro de unas instalaciones que el municipio rechaza de forma unánime.
