Hay palabras que incomodan. Y avaricia es una de ellas.
Pero quizá haya llegado el momento de utilizarla para explicar una parte de lo que está sucediendo con la vivienda en Canarias y en España.
Porque podemos hablar de estadísticas, tipos de interés, suelo, licencias, vivienda protegida, fondos de inversión, grandes tenedores y euríbor. Todo eso importa. Pero debajo de muchas de esas cifras existe algo bastante más sencillo: hemos convertido la vivienda en una carrera para comprobar cuánto somos capaces de sacarle al que viene detrás.
Los últimos datos son aparentemente magníficos. Canarias firmó 1.663 hipotecas sobre viviendas en junio, alrededor de un 31% más que un año antes y el mejor junio desde 2010. Tenerife y Gran Canaria concentran buena parte del músculo hipotecario del Archipiélago.
Hay compradores. Hay financiación. Hay dinero.
Y, sin embargo, tener una vivienda resulta cada vez más difícil.
Algo no cuadra.
Y no podemos permitir que nadie salga de rositas.
Ni los gobiernos. Ni los bancos. Ni los fondos. Ni los grandes propietarios. Ni los pequeños y medianos tenedores. Pero tampoco nosotros, los ciudadanos.
Porque esta película ya la hemos visto.
Cuando nos volvimos locos
Quienes vivimos el anterior boom inmobiliario recordamos perfectamente aquella España.
Parecía que el dinero era gratis.
Los bancos competían por colocar hipotecas y llegaron a concederse financiaciones que cubrían el 100% del precio de compra y, en determinados casos, cantidades superiores vinculadas a tasaciones infladas o a préstamos adicionales. Había operaciones que terminaban financiando no solo la casa, sino también los muebles, la reforma e incluso el coche.
Y todos felices.
El banco porque prestaba.
La inmobiliaria porque vendía.
El promotor porque construía.
El ciudadano porque estrenaba casa, sofá y coche.
El Gobierno de turno porque la economía crecía, aumentaba el empleo y entraban impuestos.
Parecía maravilloso.
Hasta que dejó de serlo.
Porque había algo que cualquier persona podía comprender con una calculadora.
Si ganas 2.000 euros, no puedes pagar 1.800 todos los meses en deudas y vivir con los 200 restantes.
No hace falta estudiar Economía en Harvard.
Y aquí tampoco podemos convertir al ciudadano de entonces exclusivamente en una víctima inocente.
Hubo prácticas bancarias irresponsables. Hubo tasaciones disparatadas. Hubo productos que muchas familias no comprendieron suficientemente. Hubo incentivos perversos y una supervisión que no estuvo a la altura.
Pero también hubo ciudadanos que sabían perfectamente cuánto cobraban.
Y aun así firmaron.
Porque nos gustaba aquel sueño.
Nos gustaba pensar que una vivienda comprada hoy por 200.000 euros valdría 300.000 mañana y 400.000 pasado mañana. Nos gustaba creer que aquello nunca terminaría.
Hasta que terminó.
Y entonces descubrimos algo que deberíamos haber aprendido para siempre: el dinero prestado hay que devolverlo y los precios no suben eternamente.
Todos pusieron algo para fabricar aquella burbuja
Por eso resulta demasiado cómodo reconstruir ahora la historia buscando un único culpable.
Los bancos tienen su responsabilidad. Muchísima.
Las administraciones también. Gobernara la derecha o gobernara la izquierda, durante demasiado tiempo se permitió alimentar un modelo en el que la vivienda era uno de los grandes motores económicos mientras la prudencia quedaba en segundo plano.
Los promotores hicieron negocio.
Los intermediarios hicieron negocio.
Los propietarios hicieron negocio.
Y una parte de la sociedad participó encantada mientras la música siguió sonando.
Después llegó 2008 y apareció la factura.
Desempleo, ejecuciones hipotecarias, familias arruinadas, promociones abandonadas, bancos rescatados y una economía española que tardó años en recuperarse.
Conviene recordarlo ahora.
Porque algunas señales vuelven a resultar inquietantes, aunque la situación actual no sea idéntica a la de aquella burbuja. La banca está hoy mucho más regulada y los criterios hipotecarios son diferentes. Pero existe un elemento que sí empieza a parecérsele peligrosamente:
la convicción de que la vivienda siempre puede valer un poco más.
Y ahí aparece nuevamente la avaricia.
La avaricia de hoy
Que nadie me malinterprete.
Defiendo absolutamente el derecho de una persona a vivir de sus rentas.
Si alguien trabajó durante treinta años, ahorró, compró dos viviendas y decidió alquilarlas para complementar su jubilación, perfecto.
Si una familia heredó una casa y quiere obtener rentabilidad de ella, perfecto.
Si un empresario invierte en vivienda para alquilarla, perfecto.
La propiedad privada y la rentabilidad legítima no son el problema.
El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos cuánto vale razonablemente algo y empezamos únicamente a preguntarnos cuánto estará dispuesto a pagar el desesperado que venga detrás.
Ahí cambia todo.
Un inmueble no aumenta mágicamente su valor real un 50% porque su propietario decida poner ese precio en un portal inmobiliario. Una cosa es el precio anunciado, otra el precio que finalmente paga un comprador y otra el valor económico razonable del activo.
Y esa diferencia importa.
Porque hoy vemos viviendas que cambian de precio simplemente porque otra del edificio de enfrente se anunció más cara.
Y detrás llega otra.
Y después otra.
Hasta construir entre todos una ficción.
Grandes, medianos y pequeños
Aquí tampoco quiero comprar otro discurso demasiado fácil: el culpable no es exclusivamente el gran fondo internacional.
Claro que debemos vigilar a los grandes tenedores.
Fondos de inversión, bancos, sociedades inmobiliarias y multinacionales tienen capacidad suficiente para condicionar determinadas zonas del mercado y buscarán, como cualquier inversor, maximizar su rentabilidad.
Pero la avaricia no necesita tener un consejo de administración.
También puede tener tres pisos.
O cuatro.
O dos.
Existe un pequeño y mediano propietario que ha visto cómo aumentaba el mercado y ha decidido llevar el precio hasta el máximo imaginable porque piensa: “si alguien me lo paga, ¿por qué voy a pedir menos?”
Legal, seguramente.
Pero multiplicado por miles de propietarios tiene consecuencias.
Porque entonces el siguiente utiliza ese precio como referencia y vuelve a subirlo.
Y así fabricamos entre todos una escalera que algún día deja de tener peldaños.
Y mientras tanto, los gobiernos mirando
Después están las administraciones.
Décadas sin construir suficiente vivienda pública.
Planeamientos interminables.
Suelo que tarda años en desarrollarse.
Licencias desesperantes.
Burocracia.
Anuncios.
Planes.
Más anuncios.
Y nuevamente planes.
Da exactamente igual el color político.
La vivienda es uno de esos grandes fracasos colectivos de la política española.
Porque un país no llega a esta situación en cuatro años.
Ni Canarias tampoco.
Llegamos después de décadas sin generar suficiente oferta residencial, especialmente vivienda protegida, mientras aumentaba la población y cambiaba radicalmente el mercado.
Ahora necesitamos miles y miles de viviendas y pretendemos solucionar rápidamente aquello que dejamos pudrirse durante años.
No funciona así.
¿Va a explotar?
Esa es la pregunta.
Yo creo que un mercado que se aleja indefinidamente de los salarios termina corrigiéndose de una manera u otra.
No sé cuándo.
Y quien diga que conoce el día está mintiendo.
Tampoco tiene por qué repetirse un 2008. Las circunstancias financieras son distintas y sería irresponsable afirmarlo.
Pero existe una ley económica mucho más sencilla que cualquier previsión:
si llega un momento en que nadie puede pagar el precio que pides, tu vivienda deja de valer ese precio.
Puedes anunciarla por 500.000.
Por 600.000.
O por un millón.
Pero el valor real aparece cuando alguien pone el dinero encima de la mesa.
Y llegará un punto, si continuamos exprimiendo, en el que ya no quedará jugo.
Entonces algunos tendrán que comerse sus expectativas, reducir precios o esperar.
Porque el tiempo es inexorable.
Da razones y también las quita.
Y suele ser especialmente cruel con quienes creen que cualquier activo puede subir eternamente.
Canarias tiene hoy más hipotecas, más demanda y compradores dispuestos a endeudarse.
Pero también tiene salarios incapaces de seguir determinadas escaladas, falta de vivienda, insuficiente parque público y demasiadas personas intentando obtener el máximo posible de un bien imprescindible.
Por eso esta crisis no tiene un único culpable.
Gobiernos permisivos e incapaces de anticiparse. Bancos que durante años prestaron lo que jamás deberían haber prestado. Fondos y grandes tenedores buscando rentabilidades máximas. Pequeños y medianos propietarios subiéndose a la misma carrera. Y ciudadanos que demasiadas veces queremos creer que podemos permitirnos aquello que nuestros propios números dicen que no podemos pagar.
Todos.
Porque siempre resulta sencillo señalar al siguiente.
Lo complicado es mirarnos al espejo.
Y quizá ahí encontremos la explicación de esta locura.
Hemos exprimido tanto la vivienda que estamos acercándonos peligrosamente al momento en que ya no quede una sola gota de jugo.
Y entonces descubriremos nuevamente que la avaricia tiene una característica maravillosa:
nunca sabe cuándo parar.
Hasta que la paran.
Eso sí que es Heavy Metal.
