El Gobierno de Fernando Clavijo encara desde este lunes una semana decisiva para comprobar si el Estado cumple finalmente con uno de sus principales compromisos con las Islas: llevar al Consejo de Ministros el paquete de medidas que incluye el uso del superávit autonómico, los 100 millones para La Palma y la bonificación del 60% del IRPF para los residentes palmeros.

Canarias entra este lunes en una de esas semanas marcadas en rojo en el calendario político. Después de que el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano pasara sin aprobar el denominado ‘decreto Canarias’, todas las miradas se dirigen ahora al martes 1 de septiembre, segunda fecha que el propio Gobierno de España había señalado para intentar sacar adelante una parte de las medidas negociadas con el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno presidido por Fernando Clavijo espera que esta vez se produzca el paso definitivo. Las negociaciones mantenidas antes del verano permitieron establecer un calendario y seleccionar una serie de asuntos considerados prioritarios para las Islas. Ahora toca comprobar si esos compromisos pasan de las palabras a los acuerdos del Consejo de Ministros.

Uno de los puntos de mayor importancia es la autorización para que Canarias pueda disponer de su propio superávit. El acuerdo alcanzado con Hacienda contempla habilitar a la Comunidad Autónoma para utilizar hasta 687 millones de euros durante tres años, ampliando notablemente su capacidad para afrontar inversiones y reforzar los servicios públicos esenciales.

Sanidad, educación, políticas sociales y otras inversiones estratégicas aparecen entre los ámbitos que podrían beneficiarse de esta mayor capacidad financiera. El Ejecutivo canario lleva tiempo defendiendo que no tiene sentido disponer de recursos propios y no poder utilizarlos para responder a las necesidades del Archipiélago.

La Palma vuelve a mirar a Madrid

La semana será especialmente importante para La Palma. Sobre la mesa continúan los 100 millones de euros comprometidos para avanzar en la recuperación económica y social de la Isla y la continuidad de la bonificación del 60% del IRPF para sus residentes.

Ninguna de las dos medidas entró finalmente en el Consejo de Ministros del pasado martes 25 de agosto. Sin embargo, el calendario pactado entre ambos gobiernos había situado la aprobación del decreto entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre. Agotada la primera posibilidad, prácticamente toda la presión se concentra ahora en el próximo martes.

La aportación de 100 millones constituye uno de los grandes compromisos pendientes para continuar atendiendo las consecuencias de la erupción del Tajogaite, mientras que la bonificación fiscal se ha convertido en una reivindicación fundamental para mantener el apoyo económico a los ciudadanos de la Isla.

Un decreto que va mucho más allá

El denominado ‘decreto Canarias’ tiene, sin embargo, un alcance mucho mayor. El documento trabajado durante los últimos meses llegó a reunir 35 medidas y 12 disposiciones adicionales, aunque el Gobierno autonómico asume que no todas podrán salir adelante de una sola vez.

La estrategia pasa por aprobar primero aquellas cuestiones sobre las que existe acuerdo y continuar negociando el resto. Entre los asuntos todavía abiertos aparecen las obras hidráulicas, la financiación adicional del POSEI, medidas para el sector primario y las compensaciones relacionadas con la atención a las personas migrantes, además de otros compromisos económicos y competenciales.

El Ejecutivo autonómico quiere evitar que las diferencias sobre determinados asuntos terminen bloqueando todo el paquete.

Y la negociación con Madrid no termina ahí. Canarias también tiene pendiente culminar el nuevo modelo de financiación autonómica, que, según los cálculos manejados por el Gobierno regional, supondría más de 1.300 millones de euros adicionales y mantendría fuera del sistema ordinario los recursos correspondientes al Régimen Económico y Fiscal.

Por eso, la semana que empieza no será una semana más en las relaciones entre Canarias y el Estado. El martes llegará una prueba importante. Después de meses de reuniones, compromisos y fechas señaladas, el Gobierno canario espera que el ‘decreto Canarias’ comience definitivamente a pasar de la negociación a los hechos.