La Junta de Portavoces lanza por unanimidad una llamada de auxilio un mes después de la entrada de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal y advierte del riesgo para la seguridad, los servicios públicos, la economía y la convivencia.

Ceuta eleva el tono y reclama una actuación inmediata del Gobierno de España. La Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad ha aprobado este viernes, 28 de agosto, por unanimidad una declaración institucional en la que sostiene que la ciudad se encuentra en una «situación límite, al borde del colapso», un mes después de la entrada de cerca de 80.000 personas de manera ilegal a través de la frontera del Tarajal.

El documento, respaldado por el presidente de la Ciudad y los portavoces de PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya, dibuja un escenario de enorme preocupación. La Asamblea alerta de las consecuencias que la actual situación está teniendo para la seguridad ciudadana, el funcionamiento normal de los servicios, la sanidad y la salud pública, la actividad económica, el empleo, la convivencia y hasta la Seguridad Nacional.

La declaración sostiene que Ceuta «ha perdido su forma de vida y la tranquilidad» y que la ciudad ha dejado de ser la misma desde los acontecimientos del pasado 30 de julio.

Exigen una actuación inmediata del Gobierno

La Junta de Portavoces considera que el margen de actuación se agota y lanza una petición directa al Ejecutivo central: «Para evitar el desastre no tenemos mucho tiempo».

Entre las medidas reclamadas figura el retorno a sus países, de acuerdo con la ley, de quienes participaron en la entrada masiva y todavía permanecen en Ceuta. También se exige reforzar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, reparar los daños provocados sobre el tejido productivo, trabajadores, empresas y autónomos, garantizar los servicios y asegurar la inviolabilidad de la frontera.

La Asamblea reclama además que se atienda la emergencia humanitaria provocada por la crisis y que se sienten las bases para que Ceuta pueda superar el que califica como «el más duro» trance de su historia reciente.

Apoyo a las protestas, pero rechazo absoluto a la violencia

La declaración también entra directamente en el debate sobre las movilizaciones ciudadanas. Los grupos políticos consideran «legítimas y plenamente justificadas» las manifestaciones y concentraciones convocadas para reclamar la recuperación de la normalidad y la tranquilidad.

Pero establecen una línea roja: las protestas deben desarrollarse de manera pacífica y ordenada.

La Junta rechaza «con total rotundidad» cualquier forma de violencia y advierte de que los violentos no representan a Ceuta, dividen a la sociedad, desvían la atención del problema principal y perjudican la imagen de la ciudad.

Asimismo, anuncia que se adoptarán las medidas sancionadoras correspondientes contra quienes cometan actos vandálicos o provoquen daños en el mobiliario urbano, insistiendo en que «nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano».

Todos los partidos firman: «Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende»

La relevancia política de la declaración está también en la unanimidad. El documento está suscrito por el presidente de la Ciudad y por los portavoces de PP, Vox, PSOE, MDyC y Ceuta Ya, que cierran filas ante una situación que consideran excepcional.

El texto concluye con un mensaje que pretende convertirse en una llamada a la unidad de toda la ciudad:

«Juntos y unidos. Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende».