Se habla de repatriaciones, menores, acogida y reparto entre comunidades. Pero seguimos sin responder a la cuestión esencial: qué hará España para impedir que su frontera vuelva a ser desbordada.

La crisis de Ceuta se está analizando fundamentalmente como un problema migratorio y humanitario. Y, por supuesto, lo es. Pero quedarse únicamente ahí supone, en mi opinión, abordar solo una parte del problema.

Porque hay otra cuestión mucho más profunda: la defensa de la soberanía nacional y de nuestras fronteras.

España tiene la obligación de atender las situaciones humanitarias, respetar los derechos fundamentales y aplicar escrupulosamente la ley. Pero tiene exactamente la misma obligación de proteger su territorio.

Y después de lo ocurrido en Ceuta, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para hacerlo?

Ahora hablamos de repatriaciones, de los lentos procedimientos que nosotros mismos nos hemos dado, de qué hacer con los menores y de su posible distribución por el resto del territorio nacional. Y contemplamos las diferencias entre comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular y también Cataluña, sobre cómo afrontar ese reparto.

Pero todo eso viene después.

Primero hay que preguntarse cómo ha sido posible que una frontera española haya podido verse sometida a semejante presión sin disponer de los medios suficientes para impedir su desbordamiento.

Ese debería ser uno de los grandes debates nacionales.

No podemos limitarnos a instalar soluciones parciales y esperar que la cooperación de Marruecos funcione siempre. La colaboración con el país vecino es imprescindible, pero la protección de una frontera española no puede depender exclusivamente de la voluntad de un tercer Estado.

España necesita barreras e infraestructuras eficaces allí donde sean necesarias, sistemas tecnológicos de vigilancia y detección, capacidad marítima y terrestre y, fundamentalmente, suficientes agentes preparados y dotados de medios.

No estamos hablando de actuar al margen de la ley. Precisamente lo contrario.

Un Estado democrático debe ser capaz de proteger sus fronteras respetando los derechos humanos. Ambas cosas no son incompatibles.

Podemos y debemos atender a quien tenga derecho a protección internacional. Podemos proteger especialmente a los menores y a las personas vulnerables. Podemos establecer mecanismos legales de inmigración.

Pero también debemos poder decir algo tan sencillo como que las fronteras españolas no pueden cruzarse irregularmente de manera masiva sin que el Estado tenga capacidad para reaccionar.

Porque Ceuta no puede convertirse en una frontera cuya seguridad dependa de que Marruecos abra o cierre el grifo migratorio.

Y aquí aparece la pregunta que verdaderamente debería preocuparnos.

Hoy hablamos de decenas de miles de personas.

¿Qué ocurriría si mañana fueran 100.000?

¿Y si fueran 200.000?

¿Y si una nueva crisis diplomática, política o social provocara una presión todavía mayor?

¿Tenemos capacidad real para impedirlo?

Eso es lo que quiero saber.

No dentro de cinco años. Ahora.

Quiero saber si después de lo ocurrido se van a reforzar de verdad nuestras fronteras. Si habrá más agentes. Si tendrán mejores medios. Si existirán barreras físicas adecuadas donde sean necesarias. Si aumentará la vigilancia marítima y tecnológica. Si tendremos capacidad suficiente para anticiparnos a otra situación semejante.

Porque gestionar una crisis cuando ya se ha producido es necesario.

Evitar que vuelva a producirse es gobernar.

Ceuta es España y es también frontera exterior de la Unión Europea. Europa tiene, por tanto, responsabilidades que asumir. Pero la primera responsabilidad corresponde al Estado español.

No se trata de generar miedo ni de convertir al inmigrante en enemigo. Las personas que buscan una vida mejor merecen respeto y un trato digno.

Pero tampoco podemos confundir humanidad con ausencia de control.

Un país que no controla sus fronteras termina dependiendo de las decisiones de otros.

Y España no puede permitírselo.

Después de todo lo ocurrido, podemos continuar durante meses discutiendo sobre repatriaciones, menores, acogida y reparto territorial.

Pero antes deberíamos responder a una pregunta mucho más sencilla:

¿qué vamos a hacer para que nadie pueda volver a poner a prueba de esta manera nuestra frontera y nuestra soberanía nacional?

Porque si después de Ceuta todo sigue igual, habremos aprendido muy poco.