Canarias y Cataluña se han quedado prácticamente solas respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez en el nuevo modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dejó una fotografía política muy clara: el Archipiélago y la Generalitat votaron a favor, mientras la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron la propuesta, incluidas algunas gobernadas por el PSOE.

El Ejecutivo canario justifica su apoyo en los números. Según las cifras defendidas por el Gobierno de las Islas, el nuevo sistema supondrá 1.337 millones de euros adicionales al año para Canarias, permitiendo al Archipiélago abandonar los últimos puestos de financiación y situarse por encima de la media nacional.

La mejora económica ha resultado decisiva para que Canarias rompiera el bloque de rechazo. El Gobierno autonómico sostiene que una parte importante de esos nuevos recursos podrá destinarse a reforzar servicios públicos esenciales como sanidad, educación y políticas sociales.

Otro de los elementos fundamentales del acuerdo es el tratamiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El Ejecutivo regional considera que queda preservada la singularidad fiscal de las Islas y que los recursos propios derivados del REF no deben utilizarse para reducir la financiación ordinaria que corresponde al Archipiélago.

La votación deja, sin embargo, una imagen política llamativa. Mientras el Partido Popular mantiene una oposición frontal al modelo en el conjunto de España, el Gobierno canario de coalición entre Coalición Canaria y PP ha optado por respaldarlo al entender que el resultado final es favorable para las Islas.

Canarias defiende así una posición pragmática: votar a favor de aquello que suponga más recursos para el Archipiélago, independientemente del enfrentamiento político nacional.

El modelo, no obstante, todavía no está definitivamente aprobado. Tras superar el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que continuar su tramitación y afrontar posteriormente el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez deberá encontrar los apoyos necesarios para convertir la nueva financiación autonómica en ley.