La crisis migratoria de Ceuta abre un nuevo frente entre la Justicia y el Gobierno. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón pidió a los responsables policiales que mantuvieran la máxima reserva sobre el informe encargado para esclarecer lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes y que la información no fuera elevada al Ministerio del Interior mientras avanzaban las diligencias.

La petición se produjo por teléfono el 10 de agosto, diez días después de que la jueza encargara a la Policía analizar los hechos y determinar si detrás de la entrada masiva podía existir una actuación organizada o concertada, así como identificar a sus posibles responsables.

El informe terminó siendo entregado directamente a la magistrada a finales de agosto, acompañado de documentación audiovisual. La polémica estalló después al conocerse que Interior no había tenido acceso previamente a esas conclusiones.

El ministro Fernando Grande-Marlaska trasladó su malestar al considerar que se trataba de información relevante para la gestión de una crisis que había puesto bajo enorme presión a Ceuta y al propio Gobierno.

La Audiencia Nacional, sin embargo, ha respaldado la actuación de Tardón y defiende que la Policía Judicial debe mantener la reserva de las investigaciones cuando actúa bajo las órdenes de un juez.

El episodio vuelve a colocar en el centro del debate qué información manejaron las distintas instituciones durante la crisis de Ceuta, cuándo la conocieron y hasta dónde llegaron los avisos previos sobre lo que podía ocurrir.