El Gobierno de Canarias vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que supone aplicar de manera uniforme determinadas normativas europeas en un territorio fragmentado y ultraperiférico como el Archipiélago. Esta vez, el choque llega por la nueva directiva comunitaria sobre saneamiento y depuración de aguas residuales, cuyos plazos y exigencias son considerados prácticamente inasumibles para las Islas en las condiciones actuales.

La nueva regulación europea endurece las obligaciones y rebaja de 2.000 a 1.000 habitantes el umbral a partir del cual deberán establecerse determinados sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales. Para Canarias, trasladar estos criterios sin tener en cuenta las características geográficas, económicas y territoriales del Archipiélago supone imponer una carga difícilmente ejecutable.

El Ejecutivo autonómico ha advertido al Estado de que “en diez años no es posible” completar todas las actuaciones necesarias y reclama que, durante la transposición de la directiva al ordenamiento español, se introduzcan mecanismos específicos para las Islas.

Canarias entiende que Bruselas eleva nuevamente el listón sin valorar suficientemente la realidad de territorios ultraperiféricos, donde construir redes de saneamiento, estaciones depuradoras y conducciones resulta considerablemente más complejo y costoso que en buena parte del territorio continental.

El Gobierno canario no cuestiona la necesidad de mejorar el tratamiento de las aguas residuales ni los objetivos medioambientales europeos, pero sí considera desproporcionado exigir los mismos tiempos y condiciones a territorios con circunstancias radicalmente diferentes.

Por ello, Canarias reclama más plazo, financiación suficiente y soluciones adaptadas a la realidad insular, especialmente para pequeños municipios y núcleos dispersos.

El mensaje del Ejecutivo es contundente: Europa puede fijar objetivos ambientales ambiciosos, pero debe acompañarlos de recursos y calendarios realistas. De lo contrario, Canarias se encontrará ante una norma que, sobre el papel, obliga a cumplir unos objetivos que hoy considera materialmente imposibles de ejecutar dentro del plazo establecido.