La crisis de Ceuta entra en una nueva fase y amenaza con trasladar definitivamente sus consecuencias al interior del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de alrededor de 40 documentos e informes elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, coincidiendo con las semanas anteriores a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

La documentación incluye informes de la Policía Nacional, Guardia Civil y servicios de inteligencia, además de varias notas del Centro Nacional de Inteligencia y documentación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Parte del contenido será publicado este miércoles, aunque determinada información sensible permanecerá protegida para evitar comprometer operaciones, fuentes o la cooperación con servicios de inteligencia extranjeros.

El problema para Moncloa no está únicamente en lo que puedan revelar los documentos sobre Marruecos. También está en qué sabía cada departamento del Gobierno antes de que estallara la crisis.

Defensa confía en que la documentación respalde la posición mantenida por Margarita Robles: que el CNI sí transmitió información previa relacionada con movimientos y convocatorias para intentar entrar en Ceuta.

Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, ha sostenido, sin embargo, que no existió una información de inteligencia que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo.

La diferencia parece pequeña, pero políticamente es enorme. Una cosa es haber recibido avisos sobre intentos de entrada y otra que esos avisos permitieran prever una operación de decenas de miles de personas.

Los documentos deberán aclarar exactamente qué información circuló, cuándo llegó, qué nivel de alerta contenía y quién tuvo acceso a ella antes de que se produjeran los acontecimientos.

Todo ocurre, además, mientras la Audiencia Nacional investiga los acontecimientos de Ceuta y la magistrada María Tardón analiza posibles delitos contra la integridad territorial del Estado.

En la causa figura también documentación policial que pone el foco sobre la actuación de Marruecos y sobre el comportamiento de sus fuerzas de seguridad durante aquellos días.

La desclasificación puede convertirse así en un problema político de primer nivel para el Ejecutivo. Pedro Sánchez pretende despejar las dudas sobre la actuación del Gobierno, pero la publicación de los documentos también puede evidenciar diferencias entre departamentos y dejar expuestas las distintas versiones ofrecidas durante las últimas semanas.

Desde este miércoles, la discusión dejará de girar únicamente alrededor de declaraciones políticas. Hablarán los documentos.

Y Robles y Marlaska tendrán que confrontar sus versiones con lo que realmente quedó escrito antes de que Ceuta saltara por los aires.