El Gobierno de Canarias ha reclamado este miércoles una mayor participación de las islas en las decisiones sobre inmigración por su condición de frontera exterior de la Unión Europea y ha cuestionado tanto la elaboración como la aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La reivindicación se ha producido durante la inauguración del seminario sobre migraciones que organiza anualmente en Canarias el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en esta edición analiza las consecuencias jurídicas del pacto europeo. El encuentro reúne a magistrados de distintos tribunales españoles, representantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad.

El viceconsejero de Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Cesáreo Rodríguez, ha lamentado que Canarias no haya contado con participación en Bruselas durante la elaboración del pacto ni posteriormente en el diseño del plan de implementación desarrollado por el Gobierno de España.

“Bruselas legisla, Madrid decide y Canarias paga las consecuencias de las decisiones”, ha afirmado Rodríguez, quien ha reclamado además que los fondos europeos destinados a afrontar la migración se regionalicen para facilitar una gestión más ajustada a la realidad de los territorios que reciben directamente el impacto de estos movimientos.

A su juicio, el principio de solidaridad que persigue el pacto corre el riesgo de quedarse “en el papel” si las comunidades autónomas deben asumir las consecuencias sin intervenir en las decisiones. “No se pueden descentralizar las obligaciones y centralizar las decisiones”, ha advertido.

El Estado, responsable del triaje de los menores

El debate sobre la aplicación del pacto también se ha centrado en el procedimiento de triaje de los menores migrantes no acompañados. El viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno canario, José María Riestra, ha defendido que esta responsabilidad corresponde al Estado y ha respaldado que sea el Tribunal Supremo quien determine las competencias en esta materia.

Riestra ha señalado que el Estado, como responsable de la frontera exterior, debe asumir el proceso, aunque pueda acordar posteriormente mecanismos de colaboración con Canarias. También ha advertido sobre el “retraso” acumulado en la aplicación de estas medidas y las consecuencias que está provocando.

La abogada especializada en migraciones Patricia Fernández Vicéns ha coincidido en señalar deficiencias en la puesta en marcha del pacto en España. En su opinión, “no se han hecho bien los deberes” y desde la aprobación del acuerdo en 2024 no se han desarrollado elementos fundamentales para garantizar su aplicación.

Entre esas carencias ha citado la falta de definición sobre quién debe ejercer como representante independiente de los menores durante los procedimientos. Fernández Vicéns considera que debería haberse formado previamente a profesionales especializados para desempeñar esta función.

La jurista también ha apuntado al Estado, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional como responsables del triaje y ha identificado varios obstáculos en la tramitación de los expedientes, entre ellos la ausencia de mecanismos adecuados y la falta de intérpretes especializados con perspectiva de género y de infancia.

Según ha explicado, el número de menores migrantes llegados a Canarias no ha aumentado, pero “se sigue teniendo el mismo tapón que antes del pacto y el caso de Ceuta es dramático”. En este último caso, ha señalado que se dispuso de cinco semanas para realizar el proceso de triaje, pero este comenzó durante la última.

Fernández Vicéns ha advertido de que cualquier situación de alegalidad o de incumplimiento de la normativa supone un “riesgo importante de vulneración de derechos humanos” para los menores afectados.

Más medidas de internamiento

La abogada también ha llamado la atención sobre las previsiones del pacto europeo y del reglamento de retorno aprobado por el Parlamento Europeo. Según ha explicado, ambos instrumentos contemplan numerosas medidas de internamiento, incluso en mayor medida que la legislación española.

Por este motivo, ha considerado “imprescindible” que jueces y fiscales ejerzan un control riguroso sobre la aplicación de estas medidas para evitar posibles vulneraciones de los derechos fundamentales.