Aena ha decidido fijar posición y lo ha hecho con contundencia. La compañía gestora de la red aeroportuaria española ha marcado una línea roja frente a las aspiraciones de cogestión que plantean Baleares y Canarias, dos territorios insulares donde los aeropuertos son una infraestructura absolutamente estratégica.

El movimiento parte de la reacción de Aena a la proposición de ley balear que reclama una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria. La empresa sostiene que algunas de esas pretensiones son incompatibles con el actual marco constitucional y legal y recuerda que los aeropuertos de interés general son competencia exclusiva del Estado.

Aunque la advertencia nace por el caso balear, su alcance político va mucho más allá. Canarias mantiene abierta una negociación con el Gobierno de España para aumentar su capacidad de decisión sobre la planificación, gestión e inversiones aeroportuarias, una demanda histórica que el Ejecutivo autonómico vincula además al artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

La compañía defiende el mantenimiento de una red aeroportuaria integrada y rechaza cualquier fórmula que pueda alterar el actual modelo de gestión. El mensaje es especialmente relevante en Canarias y Baleares, donde el transporte aéreo no es únicamente una cuestión de movilidad, sino una pieza esencial para la cohesión territorial, el turismo y la economía.

Canarias cuenta, además, con una particularidad jurídica importante. Su Estatuto reconoce expresamente la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general, aunque condicionada a lo que establezca la normativa estatal.

Aena ha dibujado su línea roja. Baleares ya la ha cruzado políticamente con su propuesta legislativa y Canarias se acerca a ella mediante la negociación bilateral con el Estado. Ahora será el Gobierno de Pedro Sánchez quien tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a ceder capacidad de decisión a los archipiélagos sin enfrentarse al criterio de la propia empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles.

Foto: Agencia EFE