Durante demasiado tiempo Canarias ha llegado tarde a las decisiones europeas. No es una crítica a nadie en particular; es una descripción de cómo han funcionado las cosas.

El esquema se repite. Se aprueba una norma pensada para un territorio continental. Meses después, cuando ya está en vigor, comprobamos que aplicarla en unas islas alejadas, fragmentadas y dependientes del barco y del avión genera unos costes que nadie en Bruselas había previsto. Y entonces empezamos la ronda de siempre: explicar nuestra singularidad, cuantificar los sobrecostes y pedir una excepción.

Quien trabaja cerca de las empresas industriales canarias lo ha visto con el ETS marítimo, con el reglamento europeo de envases o con las obligaciones en materia de residuos. Son normas razonables en el continente. Aquí se convierten en un sobrecoste estructural para quien produce, y lo descubrimos cuando ya no hay margen para cambiar nada.

Así no se puede seguir trabajando.

La nueva Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas que la Comisión Europea presentó el pasado 10 de septiembre, y que sustituye a la de 2022, puede ayudar a romper esa inercia. No porque Europa haya descubierto ahora que estamos lejos, sino por algo más útil: reconoce por escrito que determinadas normas europeas, diseñadas para la Europa continental, pueden imponer cargas desproporcionadas a las RUP, encarecer la actividad, distorsionar el mercado y hacernos perder oportunidades.

Y, sobre todo, habla de aplicar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de forma más sistemática. Ahí, y no en los grandes titulares, está la oportunidad real para Canarias.

El 349 no es una excepción: es derecho europeo

Conviene recordarlo, porque a veces se olvida incluso en Canarias. El artículo 349 no es una declaración política ni un favor de Bruselas. Es Derecho primario de la Unión, con el mismo rango que el resto del Tratado.

Permite adoptar medidas específicas para las regiones ultraperiféricas atendiendo a su lejanía, su insularidad, su reducida superficie, sus dificultades territoriales y su dependencia económica, y sobre todo al hecho de que estas circunstancias son permanentes y actúan todas a la vez.

Y no se limita a los fondos. Alcanza a la fiscalidad, a la política aduanera y comercial, a la agricultura y la pesca, al abastecimiento de materias primas y bienes esenciales, a las ayudas de Estado y al acceso a programas europeos.

De modo que la pregunta ya no es si Canarias puede recibir un tratamiento adaptado. Puede. La pregunta es hasta dónde somos capaces de desarrollar esa posibilidad y convertirla en medidas concretas, con fundamento jurídico y con números.

La propia Comisión admite que es posible. La nueva estrategia se compromete a incorporar las especificidades de las RUP en los procesos regulatorios y a contar con estas regiones en fase temprana, no cuando la norma ya está cerrada. Es un buen compromiso. Ahora nos toca a nosotros conseguir que se traduzca en normas adaptadas y no se quede en un párrafo de una comunicación.

Porque el mensaje de fondo es sencillo: aplicar exactamente la misma regla a territorios que parten de condiciones estructuralmente distintas no garantiza la igualdad. Muchas veces produce justo lo contrario.

De pedir excepciones a anticiparnos a las normas

El cambio que Canarias tiene que impulsar es muy concreto: dejar de reaccionar cuando la legislación europea ya está aprobada y empezar a intervenir cuando todavía se está diseñando.

Cada norma europea relevante debería pasar por un análisis desde Canarias antes de su aprobación. Y la lista de materias es larga: energía, transporte marítimo y aéreo, emisiones, economía circular, residuos, fiscalidad energética, ayudas de Estado, industria, contratación pública, seguridad alimentaria.

En cualquiera de ellas, una obligación perfectamente razonable para una empresa de Hamburgo, París o Milán puede tener un impacto muy distinto en una fábrica de Tenerife, Gran Canaria, La Palma o Lanzarote. No porque aquí seamos menos capaces, sino porque el punto de partida no es el mismo.

Por eso necesitamos pasar de un artículo 349 defensivo, que se activa cuando el daño ya está hecho, a un artículo 349 preventivo, que se aplica antes.

La nueva estrategia abre esa puerta. Cruzarla depende de nosotros.

Cuatro medidas. y un calendario.

No hace falta otra estrategia llena de principios generales. Hace falta un método de trabajo, responsables y fechas. Me atrevo a proponer cuatro medidas.

Primera: antes de que acabe 2026, crear una Unidad Técnica Canaria del artículo 349. No hablo de una nueva estructura burocrática, sino de un equipo pequeño y permanente en el que estén el Gobierno de Canarias, las organizaciones empresariales y sindicales, las universidades y algunos expertos. Su tarea es fácil de enunciar y difícil de hacer: detectar las iniciativas europeas que pueden afectarnos antes de que estén cerradas.

Segunda: en el primer trimestre de 2027, poner en marcha un “Test Canarias-RUP” para cada propuesta europea relevante. Un test que responda siempre a las mismas cinco preguntas: qué sobrecoste genera; qué parte de ese efecto se debe a la lejanía, la insularidad o la fragmentación; cómo afecta a nuestra competitividad; en qué situación nos deja respecto al territorio continental; y qué adaptación jurídica concreta pedimos.

Tercera: antes de junio de 2027, presentar en Bruselas un primer paquete canario de desarrollo del artículo 349.Diez medidas bien trabajadas valen más que cien reivindicaciones. Cada una con su memoria económica, su fundamento jurídico y su propuesta normativa.

Las prioridades, en mi opinión, están bastante claras: transporte y ETS; CBAM; energía industrial; envases, residuos y economía circular; contratación pública; ayudas de Estado; AIEM; REA y POSEI; acceso de las pymes canarias a programas europeos; y simplificación o adaptación de obligaciones cuando el coste de cumplirlas sea objetivamente desproporcionado.

Cuarta: constituir durante 2027 una alianza técnica estable con Azores, Madeira y las RUP francesas.Cuando el problema es común, la propuesta debería serlo también. Una reivindicación aislada de Canarias puede sonar a reclamación territorial; la misma propuesta respaldada por nueve regiones, tres Estados miembros y cerca de cinco millones de ciudadanos se escucha de otra manera en Bruselas.

Un ejemplo: la contratación pública

Hay un terreno en el que esta forma de trabajar puede dar resultados muy pronto: la contratación pública.

La compra pública representa en torno al 14% del PIB de la Unión Europea. Es una cifra enorme, y la reforma que impulsa Bruselas quiere que ese poder de compra sirva para valorar no solo el precio, sino también la calidad, la sostenibilidad, la innovación, la resiliencia y la autonomía estratégica.

Canarias debería aprovecharlo.

No se trata de introducir discriminaciones territoriales, que serían incompatibles con el mercado único y que, además, no nos convienen. Se trata de que nuestros pliegos valoren como es debido cosas objetivas: la huella de carbono, la circularidad, la seguridad de suministro, la resiliencia logística, los tiempos de respuesta, la generación y el tratamiento de residuos o el coste ambiental del transporte.

Si producir cerca reduce riesgos, emisiones y dependencia del exterior, ese valor tiene que poder medirse y puntuarse. Así de simple.

Y no hace falta esperar a Bruselas para empezar. El Gobierno de Canarias, los Cabildos y los Ayuntamientos ya pueden incorporar estos criterios a sus pliegos. Es la parte del cambio que depende solo de nosotros, y por eso cuesta más aceptar que todavía no la hayamos hecho.

El presupuesto europeo es la siguiente batalla

La estrategia llega, además, en un momento que no es cualquiera: la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Aquí Canarias tiene que hablar claro.

Simplificar los fondos europeos puede ser bueno. Diluir la singularidad financiera de las RUP dentro de grandes planes nacionales, no. Y las dos cosas pueden acabar juntas en un mismo texto si nadie está atento.

El compromiso de que las RUP sigan gestionando directamente sus fondos específicos es un buen punto de partida. Pero tiene que quedar escrito en los reglamentos del nuevo Marco, no en una nota de prensa.

Canarias debe defender una ficha financiera RUP identificable, suficiente y estable; la continuidad de los instrumentos ligados a la ultraperificidad; la protección del POSEI y del REA; y unas condiciones de acceso a los fondos y programas horizontales adaptadas a nuestra realidad.

Si Europa reconoce que nuestros problemas son específicos, no tendría mucho sentido que las respuestas financieras dejaran de serlo.

De compensar desventajas a crear ventajas

Durante décadas hemos usado la condición ultraperiférica sobre todo para compensar costes. Era necesario, y lo seguirá siendo.

Pero el artículo 349 da para mucho más.

Puede ser una herramienta para atraer inversión, producir energía, impulsar la economía circular, desarrollar industria, ganar autonomía estratégica y sacar partido a nuestra posición atlántica como plataforma entre Europa, África y América.

La propia Comisión empieza a hablar de las RUP como puestos avanzados estratégicos de la Unión y destaca su potencial en economía azul, energía, biodiversidad, investigación y conectividad. Ese cambio de mirada tiene que tener consecuencias prácticas.

Canarias no puede limitarse a pedir que Europa compense lo que cuesta estar lejos. Tenemos que conseguir que Europa valore también, en términos económicos, lo que significa estar donde estamos.

Canarias debe preparar ya el siguiente paquete rup

La Comisión ha abierto una puerta. Sería un error quedarnos esperando a que Bruselas decida cuál va a ser la próxima adaptación normativa para las regiones ultraperiféricas.

Canarias debería empezar ahora a preparar su propio paquete. Con diez propuestas concretas, con datos y con memoria económica. Con fundamento jurídico. Con las empresas y los sectores dentro desde el primer día, porque nadie conoce mejor el coste real de una norma que quien tiene que cumplirla. Con presencia permanente en Bruselas. Y, sobre todo, interviniendo antes de que las normas estén cerradas.

Durante demasiado tiempo hemos utilizado el artículo 349 para explicar por qué Canarias es diferente. Ahora toca usarlo para algo más ambicioso: decidir qué necesita Canarias precisamente porque es diferente.

Europa ha movido ficha.

Canarias no puede esperar a que Europa decida por nosotros.