La decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) correspondientes a españoles nacionalizados mediante la denominada ley de nietos amenaza con aumentar la carga de trabajo de los consulados, que podrían verse obligados a revisar los expedientes para acreditar la condición de descendientes de exiliados.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, ha advertido en una entrevista con EFE de que, con la actual situación de la red consular, afrontar esta tarea sería «titánico» y podría repercutir en los procedimientos que permanecen pendientes. Alrededor de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española al amparo de esta normativa.

El Supremo acordó esta semana suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas a través de la ley de nietos que figuran en el CERA hasta que los consulados comprueben que cumplen el requisito de ser descendientes de exiliados.

El alto tribunal considera que el «incremento extraordinario» del censo exterior provocado por la aplicación de esta ley y por una instrucción posterior, que «presumía» la condición de exiliado de quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, supone «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».

El CERA crece un 18 % desde las últimas generales

El impacto de la ley de nietos se refleja en la evolución del censo electoral exterior. En las elecciones generales de 2023, el CERA estaba integrado por algo más de 2,3 millones de electores, mientras que el último registro, cerrado el pasado 1 de agosto, alcanza los 2.747.688.

La diferencia supone 419.428 electores más y un incremento del 18 % en poco más de tres años. El crecimiento no responde exclusivamente a la ley de nietos, aunque esta normativa ha acelerado el aumento.

Entre 2019 y 2023, el número de inscritos en el CERA pasó de unos 2,1 millones a 2,3 millones, un incremento del 9,3 %. Por provincias, Madrid registra el mayor aumento, con más de 118.000 posibles votantes residentes en el extranjero, un 31,4 % más.

Exteriores ha indicado que está «evaluando» las consecuencias de la resolución judicial, mientras que la Junta Electoral Central tiene previsto abordar el asunto este lunes.

El Consejo de la Ciudadanía Española critica la decisión

Violeta Alonso ha calificado de «inauditas» las medidas cautelares adoptadas por el Supremo y ha expresado su preocupación por la suspensión del derecho al sufragio, al considerar que se trata de un derecho fundamental que, a su juicio, solo debería retirarse mediante una sentencia firme.

La presidenta del Consejo sostiene además que los afectados quedan en una situación de «indefensión absoluta» y considera que la resolución establece una diferencia entre ciudadanos con derechos políticos y otros sin ellos, ya que no cuestiona su nacionalidad, sino su inscripción en el CERA.

Alonso también señala que la medida afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos y residen fuera de España, pero no a quienes realizaron el trámite mientras vivían en territorio español, una diferencia que considera que «parece también una desigualdad».

La presidenta del Consejo defiende, en paralelo, la creación de una circunscripción exterior similar a la existente en países como Portugal, Francia o Italia, con representación específica en el Congreso y el Senado.

Sobre la asignación provincial de los votos de los españoles residentes en el extranjero, sostiene que el sistema actual lleva más de tres décadas en funcionamiento y que el elector debe comunicar y justificar la provincia con la que mantiene vinculación, normalmente por residencia o procedencia familiar.

Respecto a la instrucción que está en el origen de la decisión del Supremo, Alonso considera que su finalidad era establecer criterios homogéneos entre las distintas demarcaciones consulares para aplicar la ley y atender también los casos en los que resulta difícil acreditar una persecución durante la dictadura o un exilio por motivos económicos.

«La gente no se va porque quiere, y nosotros llevamos años reclamando que la nacionalidad por exilio se amplíe a otros motivos», ha defendido.