La propuesta no distingue entre residentes extranjeros o autóctonos, sino que afecta a personas que poseen y utilizan legalmente como vivienda inmuebles situados en zonas o complejos turísticos. El Gobierno de Canarias ha pedido 15 días más para fijar su posición sobre una reforma que busca acabar con sanciones y dar seguridad jurídica a miles de hogares.
El PSOE ha puesto sobre la mesa una reforma legal para intentar resolver uno de los conflictos más enquistados de las zonas turísticas de Canarias: la situación de más de 70.000 propietarios y familias que viven de manera habitual o utilizan como residencia viviendas situadas en complejos, villas, apartamentos o bungalows clasificados turísticamente.
No se trata, por tanto, de una medida dirigida específicamente a extranjeros ni exclusivamente a canarios. El criterio es otro: personas que son propietarias de viviendas ubicadas en suelo o establecimientos turísticos y que las utilizan con fines residenciales, en algunos casos desde hace décadas.
La iniciativa socialista pretende reforzar la seguridad jurídica de estos propietarios y evitar que sigan siendo sancionados simplemente por residir en inmuebles adquiridos legalmente, siempre que el planeamiento urbanístico permita ese uso.
El conflicto nace de la aplicación de la normativa turística y del principio de unidad de explotación, que durante años ha provocado expedientes y sanciones contra propietarios que no destinan sus viviendas exclusivamente a la actividad turística.
El PSOE plantea reconocer como compatibles determinados usos residenciales ya existentes, revisar procedimientos sancionadores abiertos y facilitar que parte de estas viviendas pueda incorporarse legalmente al parque residencial.
La propuesta tiene además una lectura directa sobre el problema de la vivienda en Canarias: miles de inmuebles que ya están siendo utilizados como hogares podrían consolidar jurídicamente ese uso en lugar de quedar atrapados en una situación de incertidumbre.
El Gobierno autonómico todavía no ha fijado una posición definitiva. Ha pedido al Parlamento 15 días adicionales para estudiar el alcance de la reforma antes de decidir si la respalda, la rechaza o plantea modificaciones.
Ahora el debate entra en su fase política decisiva. Setenta mil residentes, propietarios y familias esperan saber si vivir en su propia vivienda dentro de una zona turística dejará definitivamente de ser un problema legal.