Hay una frase que hemos escuchado cientos de veces: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizá convenga recuperarla en un momento en el que España vuelve a enfrentarse a debates que exigen menos consignas y bastante más perspectiva.
Para entender el presente, a veces resulta útil mirar hacia atrás. No porque la historia se repita de forma matemática. Nunca lo hace. Cambian los protagonistas, cambian las circunstancias, cambian los mapas y cambian las sociedades. Pero determinados errores, determinadas cegueras y determinadas formas de afrontar los problemas sí pueden parecerse demasiado.
Vámonos a 1898.
España estaba gobernada por Práxedes Mateo Sagasta. Estados Unidos era ya una potencia emergente con una creciente influencia sobre el Caribe y el Pacífico. España conservaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas y, mientras la situación internacional se deterioraba, una parte significativa de la opinión pública española mantenía la confianza en que el país sería capaz de afrontar el conflicto.
Leer hoy la prensa de aquella época resulta fascinante precisamente porque nosotros conocemos el final. Ellos no.
En abril de 1898 todavía podían encontrarse periódicos españoles transmitiendo una considerable confianza en la victoria. Hasta que llegó el 1 de mayo.
Cavite. Filipinas.
La escuadra española comandada por el almirante Montojo fue destruida por la flota estadounidense. El propio Montojo trasladó a Madrid una frase demoledora: «Ha sido un desastre que lamento profundamente».
Ni siquiera aquello terminó inmediatamente con las esperanzas. Todavía se pensaba que la guerra podía continuar y que Cuba podía conservarse.
Dos meses después llegó Santiago de Cuba.
El 3 de julio, la escuadra del almirante Cervera salió del puerto y fue destruida. Entonces cambió el lenguaje. La prensa militar terminó reconociendo que la escuadra se había perdido y apareció una frase que retrata perfectamente aquel momento: «No queda otro recurso que humillarse ante la aplastante realidad».
Aplastante realidad.
Ese es probablemente el concepto más interesante de toda aquella historia. Porque apenas unas semanas antes se hablaba de resistencia, victoria, honor y capacidad militar. De repente, España descubrió que la realidad era muy diferente de la percepción que durante años había construido sobre sí misma.
En agosto prácticamente todo estaba terminado. El 10 de diciembre se firmaba el Tratado de París. Cuba dejaba de estar bajo soberanía española y Puerto Rico, Guam y Filipinas eran cedidas a Estados Unidos.
Después llegó la pregunta inevitable: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Entonces aparecieron las dudas sobre los gobiernos, el Ejército, la Marina, la clase política, la preparación del país y, especialmente, sobre por qué durante tanto tiempo se había transmitido una imagen que aparentemente no se correspondía con la verdadera capacidad española.
Aquello pasó a la historia como el Desastre del 98.
Ahora volvamos a 2026.
España mantiene territorios cuya posición geográfica les otorga una importancia estratégica extraordinaria: Canarias, Ceuta y Melilla.
Conviene establecer desde el principio una diferencia esencial. Canarias, Ceuta y Melilla no son las colonias españolas de 1898. Canarias es una comunidad autónoma y Ceuta y Melilla son ciudades autónomas. Sus habitantes son ciudadanos españoles y forman plenamente parte del territorio constitucional del país.
Canarias no es Cuba. Ceuta no es Filipinas. España no está viviendo nuevamente 1898.
La comparación sería histórica y políticamente incorrecta.
La pregunta es otra: ¿somos capaces de conocer nuestra historia para detectar los problemas antes de que se conviertan en crisis?
Canarias lleva años situada en una de las principales fronteras migratorias de Europa.
En 2006, durante la llamada crisis de los cayucos, llegaron irregularmente por vía marítima alrededor de 31.600 personas. Aquello fue considerado una crisis histórica. En 2023 fueron casi 40.000 y en 2024 se alcanzó un nuevo máximo, con más de 46.800 llegadas marítimas irregulares. En 2025 la cifra descendió con fuerza, hasta aproximadamente 17.800.
Son cifras de entradas irregulares por mar. No representan toda la inmigración existente en Canarias.
Precisamente por eso España y Canarias necesitan una conversación adulta sobre inmigración.
Defender la dignidad de cualquier ser humano que llega a nuestras costas no impide discutir cuál debe ser la política migratoria de un Estado. Es perfectamente compatible defender la obligación de rescatar a quien está en peligro en el océano con exigir unas fronteras eficaces.
También lo es defender la inmigración legal y preguntarse simultáneamente por la capacidad real de acogida.
Podemos hablar de integración, seguridad, retornos, cooperación con los países africanos, Frontex, menores extranjeros, vivienda, servicios públicos y financiación.
Y debemos hacerlo.
Porque ninguna sociedad dispone de recursos infinitos.
Canarias, además, tiene una realidad física que demasiadas veces se contempla desde miles de kilómetros de distancia: somos islas.
Tenemos territorio limitado. Tenemos un grave problema de acceso a la vivienda. Tenemos infraestructuras sometidas a una enorme presión. Y estamos geográficamente situados a escasa distancia del continente africano.
Eso no convierte una llegada migratoria en una amenaza territorial. Confundir inmigración con una invasión militar o con una pérdida de soberanía semejante a la de 1898 sería falso y profundamente equivocado.
Pero reconocerlo tampoco obliga a renunciar a una pregunta legítima: ¿cómo queremos que sea Canarias dentro de veinte o treinta años?
Ahí está la verdadera enseñanza de 1898.
No consiste en comparar inmigrantes con soldados estadounidenses. Eso carecería de sentido.
La lección está en la capacidad de un país para mirar sus problemas de frente antes de que la realidad termine imponiéndose.
En 1898 también existían gobiernos, oposición, periódicos, discursos tranquilizadores y discursos alarmistas. Y en medio de todo aquel ruido permanecía una cuestión fundamental: ¿conocía realmente España la situación en la que se encontraba?
Quizá esa sea precisamente la pregunta que deberíamos hacernos ahora.
¿Qué Canarias queremos dejar dentro de treinta años? ¿Qué política migratoria necesita España? ¿Cuál es nuestra capacidad de acogida? ¿Cómo integramos a quien llega legalmente y quiere desarrollar aquí su vida? ¿Qué sucede con quien entra irregularmente y no tiene derecho a permanecer? ¿Qué responsabilidad corresponde a España? ¿Cuál corresponde a Europa? ¿Y cuál a los países de origen?
Todas ellas son preguntas legítimas.
Una democracia madura debería poder plantearlas, debatirlas y responderlas sin convertir automáticamente a quien pregunta en enemigo de nadie.
La historia tiene, además, una característica incómoda. Cuando la estudiamos desde el futuro, todo parece evidente.
Miramos 1898 y nos preguntamos cómo no pudieron verlo venir, cómo pudieron equivocarse tanto o cómo pudieron pensar que aquel conflicto terminaría de otra manera.
Tenemos una ventaja sobre aquellos españoles: nosotros conocemos el final de su historia.
Ellos estaban viviendo el presente.
Exactamente igual que nosotros ahora.
Por eso quizás aquella vieja frase continúe teniendo más sentido del que creemos: quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Aunque hoy añadiría una segunda parte.
Quien conoce su historia y decide ignorar sus enseñanzas ya no puede decir después que nadie le avisó.
