DISA ha reivindicado el carácter estratégico de la energía geotérmica para Canarias y ha reclamado al Gobierno de España que avance en la creación de un marco regulatorio y retributivo que permita atraer las inversiones necesarias para desarrollar esta fuente renovable en las islas, en un momento en el que el primer sondeo realizado en Tenerife ha alcanzado los 3.000 metros de profundidad con indicios de temperaturas superiores a 150 grados.

El presidente de DISA, Demetrio Carceller, ha defendido que la geotermia puede convertirse en una pieza relevante para reducir la dependencia energética de Canarias al tratarse de una fuente autóctona capaz de producir electricidad de forma continua y con un reducido consumo de suelo.

Carceller ha situado esta apuesta en el contexto de la elevada dependencia de los combustibles fósiles del sistema eléctrico de las islas. Según los datos expuestos durante la presentación del proyecto, Canarias depende actualmente en un 80 % de estos combustibles para generar la electricidad que consume, una situación que, en palabras del presidente de DISA, «nos hace dependientes y supone una desprotección estructural ante cualquier riesgo de suministro».

La compañía energética forma parte, junto al Cabildo de Tenerife y la empresa islandesa Reykjavík Geothermal, del consorcio Energía Geotérmica de Tenerife, impulsor del primer sondeo de estas características desarrollado en España. La prospección, localizada en Vilaflor a más de 1.200 metros de altitud, ha superado los 3.000 metros de profundidad y ha detectado agua, presión, permeabilidad y temperaturas superiores a 150 grados.

Aunque estos resultados todavía deben ser confirmados mediante otros dos sondeos previstos en Tenerife, DISA considera que los indicios obtenidos justifican avanzar desde este momento en las condiciones necesarias para que la energía geotérmica pueda llegar a explotarse comercialmente.

El presidente de la compañía ha reclamado, en este sentido, un proceso legislativo y regulatorio que contemple también un sistema retributivo específico. Como referencia, ha citado los modelos existentes en Azores y Alemania, donde, según explicó, existe una tarifa regulada de 252 euros por megavatio hora debido al elevado riesgo asociado a las inversiones y al valor estratégico de este recurso.

La necesidad de establecer esas condiciones responde también al volumen de capital requerido para poner en marcha las futuras instalaciones. Las estimaciones manejadas por el Cabildo de Tenerife sitúan en unos 40 millones de euros la inversión necesaria para una planta de 10 megavatios.

«Es energía local, disponible 24 horas, y resuelve el reto del espacio, una solución especialmente adecuada para un territorio con limitaciones en suelo», ha señalado Carceller, quien ha defendido así las características de la geotermia frente a las particularidades territoriales y energéticas del archipiélago.

La apuesta de DISA se integra en un programa más amplio de prospecciones geotérmicas en Canarias. Está previsto realizar otros sondeos en Tenerife, además de actuaciones en Gran Canaria y La Palma, hasta alcanzar nueve proyectos en el conjunto del archipiélago.

El Gobierno de España ha comprometido, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y fondos europeos, cien millones de euros para financiar el 50 % del coste de esos nueve proyectos. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha avanzado que la evolución de las prospecciones permitirá desarrollar el marco regulatorio y retributivo necesario para proporcionar certidumbre a los inversores.

«El diseño técnico y regulatorio no es trivial e iremos trabajando en función de cómo avanzan los sondeos», ha expuesto Groizard.

Para DISA, la geotermia representa así una oportunidad para avanzar hacia una mayor autonomía energética de Canarias, al aprovechar un recurso disponible en el subsuelo de las islas y capaz, si se confirman los resultados de las investigaciones, de aportar generación eléctrica estable durante las 24 horas del día.

Los promotores calculan que la explotación geotérmica podría llegar a generar un ahorro de hasta 130 millones de euros anuales en importaciones petrolíferas durante una primera etapa, aunque la capacidad efectiva de producción dependerá de los resultados de las próximas prospecciones.

El consorcio deberá esperar al menos hasta el primer semestre de 2027 para determinar si los indicios detectados en el primer sondeo confirman finalmente la existencia de un recurso geotérmico aprovechable. DISA mantiene mientras tanto su apuesta por que Canarias avance en las condiciones regulatorias y económicas necesarias para convertir ese potencial del subsuelo en una nueva fuente de energía para las islas.