El Gobierno aprobará este martes de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes, aunque introducirá «cambios no sustanciales» en los textos. El Ejecutivo tratará de convalidarlos ante la Diputación Permanente, activada tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

La nueva composición de este órgano permitiría al Gobierno sacar adelante al menos uno de los decretos sin necesidad del respaldo de Junts. La Diputación Permanente está integrada por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol: 27 corresponden al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a ERC, PNV, Junts, Bildu y el Grupo Mixto, que corresponde a Podemos.

El decreto que reúne la mayor parte de las medidas sería el que tendría opciones de obtener la mayoría necesaria si los grupos mantienen sus posiciones. Entre sus disposiciones figuran la protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, restricciones a la compra especulativa de vivienda hasta finales de 2028 y nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones.

El texto también contempla un IVA del 10 % para los pisos turísticos, deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios. A estas medidas se suman la reducción al 4 % del IVA de la vivienda protegida y préstamos del ICO a interés del 0 % para afrontar la entrada de una hipoteca.

En materia de alquileres, el decreto plantea ampliar durante dos años los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y establece límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027. El incremento sería del 0 % cuando el alquiler supere el máximo fijado por el índice de referencia y del 2 % cuando no lo supere.

La iniciativa incluye además una prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028 para que los denominados «fondos buitre» compren viviendas por debajo del 70 % de su valor de tasación de mercado.

El segundo decreto parte de una situación más complicada. El PNV votó en contra de la norma el pasado viernes y el texto consta de un único artículo destinado a establecer la renovación automática de los contratos de alquiler. Con ese rechazo, el Ejecutivo no tendría los apoyos suficientes para su convalidación en la Diputación Permanente.

Los nacionalistas vascos, no obstante, todavía no han fijado su posición sobre el primer decreto. Fuentes del PNV señalaron que esperaban conocer su «letra pequeña» antes de decidir el sentido del voto y que la situación de las conversaciones con el Ejecutivo sobre las iniciativas estaba prevista en su reunión semanal.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirmó el lunes que el Consejo de Ministros volverá a aprobar los decretos rechazados por el Congreso, aunque con «algunas variaciones». El dirigente de Sumar aseguró que esos cambios no supondrán rebajar «ninguna de las medidas de protección».

Desde el Ejecutivo precisaron que las modificaciones serán «cambios no sustanciales» destinados a diferenciar los nuevos textos de los que fueron rechazados el viernes, una condición necesaria para que puedan volver a ser tramitados.

La reunión del Consejo de Ministros tendrá lugar este martes y, posteriormente, Sánchez comparecerá en rueda de prensa a las 12:30 horas en el Palacio de la Moncloa.