La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Cabildo de Tenerife contra una resolución relacionada con uno de los cuatro proyectos que integran el Circuito del Motor y confirma la caducidad de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La resolución, recogida en una providencia fechada el pasado 30 de septiembre, rechaza el recurso por falta de fundamentación y de interés casacional e impone las costas a la corporación insular. La decisión es firme y afecta al proyecto de explanaciones e instalaciones destinadas a graderíos desmontables.
ATAN ha difundido este martes la resolución y sostiene que el pronunciamiento judicial confirma sus denuncias sobre la situación ambiental y jurídica del proyecto. “La resolución es firme, queda confirmado lo que ATAN lleva años denunciando, la DIA del circuito está caducada y el proyecto carece de cobertura ambiental y por tanto legal, el Circuito del Motor es contrario a la ley”, afirma la organización.
La asociación recuerda que ya había advertido de la posible caducidad de la declaración ambiental durante el trámite de alegaciones de 2022. Según ATAN, posteriormente también se pronunciaron sobre esta cuestión técnicos del propio Cabildo, el Defensor del Pueblo en enero de 2024 y los órganos judiciales que han examinado el proyecto en distintas instancias.
En concreto, ATAN señala que el Defensor del Pueblo advirtió de que el acta de replanteo de 2016 podía haber sido utilizada para evitar la caducidad de la DIA. La organización añade que posteriormente los tribunales de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronunciaron sobre la cuestión.
La asociación acusa al Cabildo de haber continuado con las actuaciones pese a las resoluciones judiciales y sostiene que la corporación insular mantuvo el proyecto durante los mandatos de Rosa Dávila y Pedro Martín. ATAN califica de “estrategia deliberada” la actuación seguida por la institución y afirma que no se trataría de una “equivocación”.
La organización reclama además responsabilidades por el gasto público y por las actuaciones realizadas sobre los terrenos. A su juicio, el Cabildo es “responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental causado y por el despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta”.
El Circuito del Motor fue dividido por el Cabildo en cuatro proyectos independientes. El pronunciamiento del Supremo constituye, según ATAN, la primera resolución firme y sin posibilidad de recurso sobre uno de ellos.
Los otros tres procedimientos continúan pendientes y corresponden al proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al Plan de Defensa contra Avenidas y el proyecto modificado de la pista de velocidad.
Ante la resolución del Supremo, ATAN exige al Cabildo de Tenerife que paralice las obras, restaure los terrenos afectados y depure las responsabilidades que correspondan. “El Cabildo de Tenerife debe parar las obras inmediatamente”, reclama la organización.