Pedro Sánchez ha vuelto a cargar este martes contra los denominados “fondos buitre”, a los que señala como parte de la especulación que, a juicio del Gobierno, está tensionando el mercado de la vivienda. El presidente defendió los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros asegurando que buscan “poner pie en pared” a estos grandes inversores y limitar determinadas operaciones de compra de vivienda.

El discurso, sin embargo, convive con una realidad empresarial muy distinta dentro de Sareb. La sociedad, controlada desde 2022 por el Estado a través del FROB, que posee el 50,14% de su capital, sacó este año a concurso el servicio global de gestión de sus activos con un presupuesto base de 115.777.539 euros, impuestos incluidos, y un valor estimado máximo de 174 millones.

Las compañías seleccionadas fueron Servihabitat y Anticipa/Aliseda. En el momento de la adjudicación, Servihabitat estaba vinculada al fondo estadounidense Lone Star, mientras Anticipa y Aliseda pertenecían al entramado inmobiliario de Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión del mundo.

El contraste político aparece precisamente ahí: mientras el Gobierno socialista presenta nuevas medidas para restringir la actividad de los llamados fondos buitre en vivienda, una sociedad controlada mayoritariamente por el Estado confía la gestión de una parte sustancial de sus activos inmobiliarios a empresas vinculadas a grandes fondos internacionales.

Conviene precisar que los 115,7 millones no son el importe finalmente pagado ni adjudicado, sino el presupuesto base máximo de la licitación con impuestos. Pero la fotografía permanece: el mismo Gobierno que endurece públicamente su discurso contra estos operadores mantiene, a través de Sareb, contratos de gestión con compañías vinculadas al sector al que dirige sus críticas.