Hay cosas que, por mucho que sean legales, huelen mal. Y hay campañas electorales que empiezan hablando de proyectos, reformas, cuentas y futuro. Esta ha empezado de otra manera: sacando la chequera pública. Hace unas semanas criticábamos a Donald Trump, y con razón, después de prometer 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Cinco mil dólares. Gano y cobras. Se le podrá llamar dividendo, estímulo económico, devolución o reparto de prosperidad. El envoltorio es lo de menos.

Cuando el mensaje que recibe el ciudadano es que si gana un determinado partido habrá dinero para usted, la frontera entre política económica y captación electoral se hace peligrosamente fina. Lo dijimos entonces y lo mantenemos ahora porque la coherencia obliga a medir con el mismo metro a Trump, a Sánchez y a cualquiera que gobierne. Apenas 24 horas después de anunciar las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez apareció con otra cifra de esas que provocan vértigo: 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda. No son 50.000 euros regalados, y conviene decirlo exactamente porque no necesitamos exagerar nada. Es una línea de financiación del ICO con préstamos de hasta 50.000 euros, sin intereses, para facilitar la adquisición de una primera vivienda. Jóvenes y también personas de más edad. Diez mil millones. Hasta 50.000 euros por operación. Y todo ello cuando las urnas ya están delante. Los que venimos del deporte hemos peleado durante años contra el doping porque sabemos lo que significa: competir con una ventaja artificial que rompe las reglas morales de la competición, aunque durante un tiempo alguien consiga esconderla detrás de una apariencia de normalidad.

Hemos defendido que gane el mejor, que gane quien más trabaja, quien mejor compite y quien convence dentro de las reglas. NO al doping. Y exactamente por la misma razón debemos decir también NO al doping electoral. Porque una democracia sana no debería convertirse en una competición para comprobar quién promete más millones cuando faltan semanas para votar. No porque ayudar a comprar una vivienda sea malo. Todo lo contrario. España necesita desesperadamente soluciones para la vivienda. El problema es cuándo aparece el dinero, cómo aparece y, sobre todo, después de qué resultados aparece. Porque aquí llega la hemeroteca y la hemeroteca suele ser bastante más incómoda que cualquier mitin. Pedro Sánchez anunció en 2023 que durante la legislatura se habilitarían más de 180.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Era otra gran cifra, otro gran titular y otra enorme promesa. La Gaceta de Canarias ha dedicado esta última semana varios trabajos a hacer algo bastante menos espectacular que anunciar miles de millones: contar viviendas realmente terminadas. Y los números son los que son.

Según la metodología utilizada en esos trabajos, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa hasta marzo de 2026 se terminaron en España 78.977 viviendas protegidas. Viviendas acabadas. No anuncios, proyectos, suelos disponibles, créditos aprobados, planes futuros ni promociones que algún día podrían existir. Y debemos hacer una precisión imprescindible: esas 78.977 tampoco son 78.977 viviendas construidas por Pedro Sánchez. Son el conjunto de vivienda protegida terminada dentro del sistema español, donde intervienen Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y distintos regímenes de promoción protegida. Es decir, incluso utilizando el dato amplio, la realidad queda muy lejos de la política de los grandes anuncios. España continúa teniendo un parque público diminuto en comparación con buena parte de Europa y seguimos arrastrando uno de los grandes fracasos estructurales de nuestro país: durante décadas se ha hablado muchísimo de vivienda y se ha construido muy poca vivienda pública.

Canarias merece un capítulo aparte. En el análisis específico de promoción pública elaborado esta semana, el resultado era demoledor: cero viviendas de promoción pública terminadas entre 2018 y 2023 y 248 finalizadas desde enero de 2024. Cero y 248. Mientras tanto, los precios suben, miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias no consiguen comprar, los alquileres se comen una parte enorme de los salarios y las listas de demandantes continúan esperando soluciones. Entonces llega la campaña electoral y aparecen 10.000 millones. La pregunta no puede ser más sencilla: ¿dónde estaban antes? Si esta herramienta es tan buena, tan necesaria y tan extraordinariamente útil para enfrentarse al principal problema social de España, ¿por qué aparece después de ocho años de Gobierno y justamente cuando se convocan elecciones? ¿Existen ahora los 10.000 millones porque existe una emergencia habitacional o porque también existe una emergencia electoral? El Gobierno defenderá legítimamente que ambas circunstancias son compatibles. Puede hacerlo. Pero políticamente hay que exigir algo más que legalidad. Hay que exigir credibilidad. Y ahí aparece el segundo capítulo de este comienzo de campaña.

Los decretos de vivienda fueron rechazados por el Congreso. Uno cayó por 172 votos frente a 178 y el segundo por 166 frente a 184. Eso ocurrió en el Pleno, en la Cámara que representa a todos los españoles. Después se disuelven las Cortes, se convocan elecciones y el Gobierno vuelve a llevar medidas de ese paquete a una Diputación Permanente formada por 69 miembros. ¿Es legal? La Constitución contempla que la Diputación Permanente asuma determinadas facultades cuando las Cámaras están disueltas. Negarlo sería faltar a la realidad. Pero que una operación tenga cobertura constitucional no significa que desaparezca el debate político sobre su oportunidad. Una cosa es utilizar la Diputación Permanente para responder a una necesidad extraordinaria que surge con las Cortes disueltas y otra bien distinta es recurrir inmediatamente a esa vía después de que el Pleno haya rechazado unas medidas. Ahí está la discusión. Y ahí está también el hartazgo creciente de una parte de la sociedad. Todo parece haberse convertido en encontrar el último resquicio, la última mayoría posible, la última interpretación, el último decreto y el último movimiento táctico.

Si una puerta se cierra, buscamos una ventana. Si una mayoría dice que no, buscamos otra aritmética. Si el Parlamento rechaza algo, intentamos nuevamente otra fórmula. Y mientras tanto aumenta el cansancio de ciudadanos que contemplan una política instalada permanentemente en la batalla electoral. Los ciudadanos no somos una masa esperando que alguien pulse el botón adecuado para decirnos qué tenemos que votar. No somos una estadística susceptible de cambiar de papeleta porque aparezcan 50.000 euros al 0%, una deducción, una ayuda o una subvención unas semanas antes de las urnas. La gente merece bastante más respeto.

No necesitamos que ningún Gobierno, sea el de Trump, el de Sánchez, uno del PP, uno de Vox o cualquier otro, convierta unas elecciones en una especie de Black Friday electoral: vote aquí y tendrá esto; vote allí y perderá aquello. Eso degrada el debate democrático. La vivienda necesita miles de millones, por supuesto. Necesita suelo, simplificación administrativa, promoción pública, colaboración privada, seguridad jurídica, alquiler asequible y una política sostenida durante décadas. Lo que no necesita es aparecer cada vez que llegan unas elecciones convertida en una gigantesca tarjeta regalo. Porque después llega el día siguiente, se apagan los focos, desaparecen los mítines y quedan los ladrillos. O, peor todavía, los ladrillos que nunca llegaron a ponerse. Los que venimos del deporte lo tenemos muy claro: se compite en igualdad, se respetan las reglas y se rechaza cualquier ventaja artificial.

NO al doping. También en política. NO al doping electoral. Porque el dinero público no pertenece al presidente de turno, ni al Gobierno, ni al partido que temporalmente ocupa La Moncloa. La pólvora no es suya. La pólvora la pagamos todos.