La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha señalado este miércoles en el Parlamento de Canarias que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de vulnerabilidad y cronificación de la pobreza infantil en las islas. Brito ha reclamado medidas para contener unos alquileres que, según ha expuesto, llegan a alcanzar los 600 euros por habitación incluso en municipios que no son capitales.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que analiza la pobreza infantil, la representante municipal ha defendido que el Gobierno de Canarias declare zonas tensionadas para limitar los precios mientras avanza la construcción de vivienda pública, un proceso que considera demasiado lento. También ha planteado impulsar la rehabilitación de viviendas como otra vía para ampliar la oferta disponible.

Brito ha advertido de que la situación económica y residencial tiene efectos sobre la salud mental de los menores de 18 años y ha reclamado al Servicio Canario de la Salud la incorporación de psicólogos a los centros de salud comarcales. A su juicio, los recursos de apoyo desplegados por los ayuntamientos no son suficientes para atender el incremento de los problemas de salud mental y adicciones entre los jóvenes.

La presidenta de la Fecam ha pedido además equipos de educadores de calle y ha señalado que la atención al sinhogarismo está recayendo sobre los recursos insulares debido a la falta de financiación municipal. También ha defendido la creación de un servicio especializado de atención psicológica para los profesionales de los servicios sociales, sometidos, según ha explicado, a una elevada sobrecarga emocional y a bajas laborales relacionadas con el estrés.

En materia de vivienda, Brito ha planteado igualmente limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros, aunque ha reconocido las dificultades competenciales y las derivadas del marco europeo. Sobre el alquiler vacacional, ha denunciado que las tareas de inspección recaen sobre los ayuntamientos sin que estos reciban financiación específica para asumirlas.

La representante municipal ha reclamado asimismo que se complete en todas las islas la cobertura del ciclo educativo de 0 a 3 años. Según ha explicado, los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden para poder mantener las escuelas infantiles.

En este ámbito, ha criticado que la Consejería de Educación centre su respuesta en las infraestructuras y ha rechazado que se atribuyan al mantenimiento municipal los problemas de climatización de los centros. «No se puede mantener lo que no existe», ha afirmado.

Brito ha trasladado también el malestar de los municipios con el Gobierno de Canarias por la financiación de los servicios sociales. Ha denunciado que el catálogo de servicios sociales no cuenta con una dotación económica suficiente y que, aunque el Ejecutivo autonómico ha planteado modificarlo, la reforma tampoco se ha llevado a cabo. Además, ha señalado que el Plan Concertado con los ayuntamientos no se actualiza desde 2002.

Los fondos estatales destinados a combatir la pobreza, que representan entre siete y nueve millones de euros para los ayuntamientos, llegan a final de año y, según Brito, apenas permiten cubrir gastos estructurales y de personal ya asumidos durante los meses anteriores, sin margen para poner en marcha nuevas actuaciones.

La presidenta de la Fecam ha advertido de que los municipios más pequeños, especialmente los de menos de 10.000 habitantes, tienen dificultades para disponer de equipos multidisciplinares. En muchos casos, ha explicado, los servicios se limitan a trabajadores sociales sin el respaldo de psicólogos o educadores, mientras que los recursos del Plan Concertado resultan insuficientes para ampliar las plantillas.

Brito ha sostenido que los diagnósticos sobre la pobreza y la vulnerabilidad ya están realizados y ha advertido de que «dos salarios en un hogar ya no bastan para cubrir todos los gastos esenciales de una familia».