La información que Javier Chicote ha desvelado en Artículo 14 sobre el negocio inmobiliario de la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, no debería provocar por sí sola ningún escándalo. Tener una empresa, comprar inmuebles, rehabilitarlos y alquilarlos no convierte a nadie en un delincuente. Según lo publicado, su grupo gestiona decenas de viviendas en alquiler y habría promovido desahucios por impago. Cada procedimiento merece conocer sus circunstancias antes de dictar una sentencia desde una columna o una tribuna política.

El problema aparece cuando quienes defienden esa normalidad en su entorno participan de un discurso político que convierte al propietario ajeno en sospechoso habitual. Cuando se utiliza a Maricarmen como caballo de batalla y a Urbagestión como enemigo al que señalar, ya no basta con pedir respeto cuando el foco gira hacia casa.

La ministra Isabel Rodríguez llegó a calificar a Urbagestión de «pyme buitre» y «muy carroñera». Mínguez ha defendido que la empresa de su pareja cumple la legalidad y ha considerado la información un «ataque personal». También ha afirmado que el PSOE no va contra propietarios ni empresas inmobiliarias. Bien: ese criterio merece aplicarse con la misma firmeza a quienes no tienen una relación sentimental con una portavoz socialista.

Porque la legalidad no puede depender del apellido, del carné ni de quién duerme a tu lado. Una empresa familiar merece garantías. Una pyme ajena también. Y si existen diferencias relevantes entre dos casos, se explican con hechos, documentos y argumentos. El insulto desde un cargo público no sustituye esa explicación.

Y aquí entra también el novio de Isabel Díaz Ayuso. Quienes reclamaban respeto a su privacidad tenían razón en una cuestión fundamental: ser pareja de una dirigente política no elimina los derechos de nadie. Ese mismo principio debe proteger a la pareja de Montse Mínguez. Pero la privacidad tampoco puede convertirse en un escudo para impedir preguntas sobre hechos de interés público. Ni entonces ni ahora. Y la exposición pública nunca debería dar licencia para humillar, condenar por anticipado o convertir toda la vida de una persona en un espectáculo.

Recordemos cómo nos pusimos unos y otros con el novio de Ayuso. El debate acabó convertido en otra pelea de trincheras: cada bando encontraba razones para proteger al suyo y exponer al contrario. Ahora el foco apunta hacia otro entorno político y debemos exigirnos exactamente el mismo criterio. No estoy equiparando los hechos de ambos casos, que deben valorarse por separado. Estoy reclamando coherencia en las reglas con las que los examinamos.

No puede ocurrir que la intimidad sea sagrada cuando protege a los nuestros y un estorbo cuando beneficia al adversario. Tampoco que las explicaciones sean obligatorias para unos y una persecución intolerable para otros. Los derechos no cambian de valor cuando cambia el partido.

Ahí está la cara dura. En repartir comprensión para los propios y desprecio para los demás. En reclamar todos los matices cuando aparece un negocio cercano y prescindir de ellos cuando hace falta fabricar un enemigo para el discurso de la tarde.

Me parece perfectamente legítimo que la pareja de Montse Mínguez tenga una empresa inmobiliaria. También que gane dinero si lo hace conforme a la ley. Exactamente igual de legítimo que cualquier otro empresario. No pienso llamar buitre a una persona por comprar viviendas y alquilarlas. Tampoco pienso aceptar que un dirigente político reparta esa etiqueta según le convenga.

Un desahucio exige conocer qué ha ocurrido: las obligaciones de las partes, las circunstancias del inquilino, la actuación del propietario y la resolución judicial. La vulnerabilidad merece protección y respuestas públicas eficaces. El propietario merece que sus derechos no desaparezcan bajo una pancarta. Convertir una tragedia humana en munición partidista puede dar mucho rendimiento electoral, pero no entrega una sola llave a quien necesita una casa.

Lo insoportable es esa superioridad moral de escaparate. Esa costumbre de subir al púlpito para explicar cómo deben vivir los demás mientras uno se reserva todas las excepciones. Ese discurso en el que la rentabilidad resulta indecente hasta que aparece en el entorno adecuado.

La caricatura se escribe sola: ustedes deben conformarse; yo puedo elegir. Ustedes deben justificar su patrimonio; el mío merece intimidad. Ustedes tienen que aceptar el señalamiento; cuando me preguntan a mí, es un ataque personal. Para el ciudadano, sospechas. Para el dirigente, comprensión.

No hay nada censurable en tener patrimonio. Lo censurable es utilizar el patrimonio de otros como prueba automática de falta de decencia. No hay nada censurable en vivir bien. Lo censurable es construir una carrera política administrando culpas que uno se niega a aceptar cuando le rozan.

Aquí nadie tiene que ser pobre para defender políticas sociales. Lo que tiene que ser es coherente. Quien ocupa una responsabilidad pública debe entender que sus palabras tienen consecuencias: cuando simplifica, señala e insulta, está fijando un criterio que después también se le puede exigir.

Como sosteníamos en el editorial de La Gaceta de Canarias del pasado fin de semana, nos ven como borregos. Esperan que balemos cuando toca, que nos indignemos con el nombre que nos ponen delante y que olvidemos el discurso anterior en cuanto cambia el protagonista. Confían en que la camiseta pese más que la memoria.

Pues conviene empezar a decepcionarlos.

Este artículo no va a favor del PSOE ni en contra del PSOE. No va a favor del PP ni en contra del PP. No va a favor de Vox ni en contra de Vox. No va a favor de Coalición Canaria ni en contra de Coalición Canaria. Esta opinión es un grito desesperado dirigido a toda la clase política. Y lo que reclama es muy sencillo: sean consecuentes.

Dejen de utilizarlo todo según les convenga para mover a la marabunta. Dejen de decidir qué merece indignación en función de quién puede sacar votos de ella. Dejen de invocar principios por la mañana y guardarlos en un cajón por la tarde porque el siguiente titular perjudica a alguien cercano.

El gran problema es esa manipulación permanente de nuestras emociones. Nos quieren enfadados, alineados y dispuestos a embestir contra el nombre que señalen. Así resulta más fácil que discutamos entre nosotros mientras ellos eluden explicar sus propias contradicciones.

La hipocresía no se vuelve aceptable porque lleve nuestros colores. Una sociedad que disculpa siempre a los suyos termina regalando a sus dirigentes una impunidad moral que luego paga muy cara.

La clase política pierde el rumbo cuando confunde representar a los ciudadanos con tratarlos como figurantes de su campaña. Cuando cree que puede decidir quién es empresario respetable y quién es carroñero sin explicar qué conducta concreta justifica semejante diferencia. Cuando exige fe en lugar de ofrecer razones.

Todos debemos poder tener empresas, cumplir la ley y responder por nuestros actos con el mismo criterio. Todos debemos conservar nuestros derechos, también cuando una información nos incomoda. Y todos debemos aceptar que el interés público puede exigir explicaciones, aunque el protagonista sea de los nuestros.

Lo que sobra son los jetas que pretenden conservar sus derechos mientras convierten los de los demás en un reproche.

Sean consecuentes. La ciudadanía merece respeto, explicaciones y una política que no cambie de principios cada vez que cambia el nombre del señalado.