El diputado socialista Gustavo Santana ha acusado al Gobierno de Canarias de preparar un «decretazo latifundista» que, a su juicio, reforzará el poder de los explotadores turísticos sobre las viviendas de residentes en el Archipiélago. La crítica se ha producido este miércoles en el Parlamento regional, durante el debate de una proposición de ley del PSOE que Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han rechazado tramitar.

La iniciativa socialista pretende modificar la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias y la normativa sobre vivienda vacacional para ofrecer una solución a los problemas legales que, según Santana, afectan a más de 17.000 personas que viven en zonas turísticas. La propuesta busca proteger a los propietarios que residen en sus inmuebles y poner fin a las sanciones que reciben por hacerlo.

Santana ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico impulse una nueva regulación sobre la unidad de explotación turística sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad de que empresas explotadoras administren viviendas cuyos propietarios viven en ellas. También ha advertido de que la reforma podría aumentar la capacidad de estas empresas para condicionar el uso de los inmuebles y ha reclamado al Gobierno explicaciones sobre la urgencia de modificar la normativa.

El parlamentario ha reprochado, además, la falta de consenso y de información a los grupos de la oposición sobre el decreto anunciado por la Consejería de Turismo. «El Gobierno prepara un decretazo latifundista, sin consenso, para dar el poder a los explotadores turísticos», ha afirmado.

La propuesta del PSOE plantea introducir las definiciones de «establecimiento turístico» y «unidad alojativa», aclarar la disposición transitoria séptima de la Ley de Modernización Turística y establecer un procedimiento que permita poner fin a las sanciones impuestas a los residentes afectados.

Como argumento para justificar la reforma, Santana ha señalado que un informe de Política Territorial reconoce la existencia de un vacío legal perjudicial para los propietarios, relacionado con la falta de especialización de los usos del suelo en determinados municipios.

El diputado socialista también ha rechazado que una ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana pueda resolver una situación que, según ha expuesto, afecta a residentes de distintas localidades del Archipiélago, entre ellas Valle Gran Rey, Arona, Puerto de la Cruz y Teguise.

Durante su intervención, ha cuestionado los argumentos utilizados por CC y PP para oponerse a la tramitación de la iniciativa. En relación con el informe de la Consejería de Turismo y Empleo, ha criticado que se centre en la exposición de motivos de la propuesta, pese a que esta incorpora planteamientos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), así como contenidos del decreto del propio Gobierno y de documentos preparatorios de una futura ley turística.

Santana ha recordado que el conflicto lleva presente durante toda la legislatura y ha aludido al rechazo, hace más de tres años, de una ILP respaldada por más de 22.000 firmas. Aquella iniciativa pretendía impulsar una nueva ley turística que diera respuesta a los residentes afectados, pero fue descartada con el argumento de que el Ejecutivo autonómico elaboraría una nueva normativa, que, según el diputado socialista, finalmente no llegará.

El parlamentario ha reclamado también a Coalición Canaria que cumpla el compromiso adquirido con la PALT durante las elecciones municipales y autonómicas de 2023 para resolver esta problemática. Ha señalado expresamente al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo; al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y a Alejandro Marichal, como firmantes de aquel acuerdo.

Asimismo, ha cuestionado que el responsable autonómico de Vivienda alegue falta de competencias para informar sobre la propuesta socialista, pese a la repercusión del problema entre los propietarios afectados.

Santana ha insistido en que admitir a trámite la proposición no supondría aprobar definitivamente la reforma, sino abrir el debate parlamentario y permitir que los grupos introduzcan modificaciones para alcanzar un acuerdo. Por ello, ha pedido a CC y PP que reconsideren su rechazo y respalden el inicio de la tramitación legislativa.

Coalición Canaria reclama una regulación más amplia

La diputada nacionalista Socorro Beato considera, por su parte, que la iniciativa no ofrece suficientes garantías jurídicas para resolver los problemas de los propietarios y residentes en complejos turísticos del Archipiélago. Así las cosas, ha defendido este miércoles en el Parlamento regional la necesidad de aprobar una regulación que contemple las distintas situaciones de las familias afectadas y evite generar nuevos conflictos legales. «No podemos dar seguridad jurídica a unos propietarios generando nuevas incertidumbres para otros», ha advertido durante el debate.

Beato ha reconocido las reivindicaciones de quienes llevan años reclamando una solución y ha pedido al Gobierno autonómico que acelere la elaboración de una nueva normativa. «Las personas afectadas necesitan saber cuándo van a llegar las soluciones. Después de tantos años de incertidumbre, es razonable que reclamen respuestas concretas», ha señalado.

La parlamentaria ha explicado que en estos complejos conviven residentes permanentes, propietarios que utilizan sus inmuebles como segunda residencia y personas que desean destinarlos a la actividad turística, además de familias que encuentran dificultades para hacerlo. A estas situaciones se suman las controversias sobre la unidad de explotación, la implantación de viviendas vacacionales y el uso de las zonas comunes.

La diputada ha justificado el rechazo de su grupo a la iniciativa socialista por las deficiencias jurídicas que atribuye a su planteamiento, que, según ha defendido, no podrían corregirse únicamente mediante enmiendas durante la tramitación parlamentaria. «Las personas afectadas ya han soportado demasiada incertidumbre como para alimentar ahora expectativas que después no pudiéramos cumplir», ha afirmado.

Como alternativa, Beato ha recordado que el Ejecutivo canario aprobó el Decreto ley 2/2025 para aliviar parte de la situación y que la Consejería de Turismo y Empleo trabaja en una nueva propuesta legislativa con la que pretende abordar el problema de forma integral. La diputada ha reclamado que estos trabajos avancen con mayor rapidez y que se mantenga una interlocución permanente con los afectados.

Durante su intervención, también ha defendido la labor del concejal de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, para impulsar una ordenanza municipal que dé respuesta a los residentes del municipio. En este contexto, ha criticado el informe desfavorable emitido por el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE, durante el periodo de alegaciones.

Beato ha pedido que las diferencias entre partidos no desplacen la búsqueda de soluciones para los propietarios y residentes. «Estas personas no necesitan que compitamos por ver quién las defiende más. Necesitan que seamos capaces de encontrar una solución que funcione», ha manifestado.

La diputada ha insistido en que el voto contrario de CC no implica cuestionar los derechos de los afectados ni sus reclamaciones, sino defender una regulación que abarque las distintas realidades de los complejos turísticos. «Nuestro voto contrario no supone dar la espalda a los residentes ni cuestionar sus legítimas reivindicaciones. Queremos una solución más amplia, más rigurosa y capaz de ofrecer seguridad jurídica a todos los afectados», ha sostenido.