El Gobierno autonómico destaca que las ayudas sociales evitan que el riesgo de pobreza alcance al 44,2% de la población y cifra en 82.000 las personas que han salido de esta situación desde 2015.

Canarias redujo su tasa de riesgo de pobreza hasta el 22,9% en 2025, frente al 24,6% registrado el año anterior. La mejora supone que unas 34.000 personas dejaron atrás esta situación en un año, según los datos del 16º Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Gobierno de Canarias destaca estos resultados como una muestra de la evolución de los indicadores sociales del Archipiélago y atribuye parte de esta mejora al efecto de las políticas públicas y las prestaciones económicas destinadas a los hogares con menos recursos.

Desde 2015, año de referencia para los objetivos de la Agenda 2030, la tasa de pobreza ha descendido 5,6 puntos porcentuales en las islas. En ese periodo, alrededor de 82.000 personas habrían salido de esta situación, pese al crecimiento demográfico experimentado por Canarias.

El indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social teniendo en cuenta también la carencia material y social severa y la baja intensidad laboral en los hogares, se situó en el 31,2%. La cifra supone una reducción de 2,6 puntos respecto a 2023. Si se utiliza el umbral regional de renta para calcular el riesgo de pobreza, el porcentaje baja hasta el 18,3%.

Las ayudas sociales, en el centro del debate

Uno de los datos destacados por el Ejecutivo autonómico es el efecto de las transferencias sociales, entre ellas las pensiones, las prestaciones económicas y las rentas mínimas. Según las estimaciones recogidas en la información difundida por el Gobierno, sin estas ayudas la tasa de riesgo de pobreza en Canarias alcanzaría el 44,2%, frente al 22,9% actual.

Entre las medidas señaladas figuran los complementos extraordinarios dirigidos a personas con ingresos reducidos, como quienes perciben pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

El Ejecutivo también pone en valor la evolución del sistema público de servicios sociales. El Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sitúa a Canarias en el cuarto puesto nacional, con una puntuación de 6,35. El gasto en servicios sociales asciende, según los datos aportados, a 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal, y representa el 2,79% del producto interior bruto (PIB) autonómico.

Menos tiempo para tramitar la dependencia

En materia de dependencia, el Gobierno cifra en un 73% la reducción del tiempo medio de tramitación desde julio de 2023. El plazo habría pasado de 782 días a 214 en la actualidad.

También destaca la disminución de los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía, que han bajado de más de 7.500 a unos 1.400. Según los datos facilitados, el tiempo medio de resolución se ha reducido de 24 a siete meses.

En teleasistencia, el número de usuarios ha aumentado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589, mientras que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias asegura que continuará trabajando con EAPN Canarias en un plan de actuación a corto, medio y largo plazo para combatir la pobreza estructural y mejorar la respuesta a las familias vulnerables.

El Gobierno corrige un dato sobre las personas mayores

La información difundida por EAPN Canarias incluía una referencia a unas 671.000 personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad. La Consejería ha aclarado que esa cifra es errónea, ya que, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la población total de ese grupo de edad en el Archipiélago era de 410.833 personas en 2025.

La nota también alude a un aumento de la carencia material y social severa entre las personas mayores, del 8,7% al 9,8%. La rectificación del número total de mayores busca evitar que se confunda ese indicador con la población real de más de 65 años en Canarias.