La representación legal de Jennifer Brito, desalojada el pasado 13 de octubre de la vivienda en la que residía con sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la resolución judicial que permitió ejecutar el desahucio y solicita que se declare su nulidad.

El movimiento vecinal Derecho al Techo ha informado este sábado de la presentación del recurso de reposición, en el que la defensa cuestiona que el juzgado no respondiera expresamente a las nuevas solicitudes de protección formuladas antes del lanzamiento. La organización sostiene que estas peticiones debían examinarse a la luz de la normativa aprobada recientemente para proteger a familias vulnerables.

El recurso se presentó el 15 de octubre contra la diligencia de ordenación del 9 de octubre de 2026, dictada por la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Según Derecho al Techo, la resolución se remitió a un auto anterior, fechado el 9 de septiembre, sin pronunciarse específicamente sobre las solicitudes registradas los días 1 y 8 de octubre.

Estas peticiones se habían formulado al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día siguiente, conocido como decreto Maricarmen.

La defensa argumenta que, antes de ejecutar el desahucio, era necesario determinar si la familia cumplía los requisitos para acogerse a las medidas de protección contempladas en la nueva normativa y si procedía suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el tribunal resolvía la cuestión mediante un auto.

Derecho al Techo subraya que Jennifer Brito se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial. Además, destaca que un informe municipal fechado el 13 de octubre, el mismo día del desalojo, constató que la unidad familiar no disponía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato.

Dado que este documento se emitió después de la diligencia impugnada, la representación legal solicita que se incorpore al procedimiento junto con el resto de la documentación acreditativa de las circunstancias de la familia, para que sea examinada y valorada judicialmente.

La organización vecinal también denuncia que la solicitud de protección presentada antes del lanzamiento, acompañada de documentación sobre la vulnerabilidad familiar, «no recibió una respuesta específica». Por ello, reclama «que se examinen las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión».

El escrito insiste en que la reclamación no pretende que los tribunales tengan que resolver necesariamente a favor de las familias afectadas, sino que sus peticiones sean estudiadas conforme a la legislación vigente y reciban una respuesta expresa y motivada.

«No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores», concluye el escrito difundido por Derecho al Techo.