El Consejo de Ministros ha decidido dar un año más de margen a empresas y autónomos para adaptarse al nuevo sistema de facturación electrónica. La obligación de utilizar Verifactu —el programa que envía automáticamente las facturas a la Agencia Tributaria— no será exigible hasta 2027.
Las compañías debían empezar a emplearlo en enero y los autónomos a partir de julio, pero ambos plazos se desplazan doce meses. El aplazamiento forma parte de los compromisos que el Gobierno había asumido en sus conversaciones con Junts.
El sistema, integrado en el futuro Sistema Informático de Facturación, busca atajar el fraude fiscal: las facturas se generan en un formato que no permite alteraciones y quedan registradas de inmediato por Hacienda, lo que limita la contabilidad en negro.
