Canarias vive desde hoy una de las protestas sanitarias más contundentes de la última década. Unos 6.000 médicos y profesionales sanitarios del Archipiélago están llamados a secundar la huelga estatal de cuatro días, una movilización que en las Islas ha adquirido un tono especialmente crítico por el deterioro sostenido de la atención sanitaria y la falta de respuesta del Estado a las demandas específicas de un territorio RUP con graves problemas estructurales.
El Sindicato Médico Canario fue tajante: “Nos obligan a parar porque hemos sido ignorados. El Estatuto Marco no recoge la realidad de la sanidad canaria, ni nuestras condiciones de insularidad, sobrecarga y déficit crónico de personal”. La convocatoria ha tenido seguimiento en los principales hospitales —HUC, La Candelaria, Insular, Doctor Negrín— y en centros de salud de todas las islas, donde los servicios mínimos han obligado a reorganizar consultas y aplazar intervenciones no urgentes.
Los facultativos denuncian listas de espera que baten récords, plantillas tensionadas al límite, guardias interminables y una política estatal que, aseguran, “solo aparece para hacerse fotos, pero no para financiar lo que realmente importa”. La protesta se produce en un momento en que Canarias encadena meses con los peores tiempos de espera del país, especialmente en especialidades críticas y pruebas diagnósticas.
Desde el Gobierno autonómico se reconoce “la gravedad del conflicto”, mientras señalan a Madrid por “falta de sensibilidad con un territorio que necesita un trato diferencial”.
La huelga continúa hasta el 12 de diciembre y los sindicatos ya advierten: si no hay cambios reales, el conflicto irá a más.
La Ministra y el Estatuto Marco: el origen del choque frontal
El nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad ha encendido la protesta médica en toda España. La titular del área defiende que la reforma “moderniza la organización laboral”, pero para los sindicatos supone un retroceso histórico.
Aunque el Ministerio elimina oficialmente las guardias de 24 horas, la medida llega con letra pequeña: las guardias pasan a un máximo de 17 horas, pero siguen pagándose por debajo del valor de la hora ordinaria. Además, esas horas extra no cotizan para la jubilación, un punto que ha indignado a miles de facultativos que llevan décadas reclamando lo contrario.
Los sindicatos denuncian que la ministra “vende un avance que no existe”, y alertan de que la reforma deja igual —o peor— las condiciones de los profesionales, especialmente en territorios con déficit estructural como Canarias. Señalan que la eliminación de la jornada previa antes de las guardias es “un maquillaje estadístico” que no soluciona la sobrecarga real en los hospitales.
Mientras las manifestaciones se extienden por todo el país, miles de médicos reclaman que el Ministerio abra un diálogo serio y corrija un Estatuto que, aseguran, nace roto y sin consenso.
