La OCDE vuelve a situar a España en el foco: la presión fiscal —impuestos y cotizaciones sobre el PIB— encadena varios años de subida y ya supera la media histórica del país. Mientras el Gobierno presume de récord de ingresos, el organismo advierte que el sistema castiga la inversión, ahoga a autónomos y pymes y mantiene un mercado laboral “sobrecargado”.
El último análisis de la OCDE confirma lo que los contribuyentes llevan tiempo percibiendo: España se ha convertido en uno de los países donde más crece la presión fiscal, pese a que sus salarios y productividad siguen por debajo de la media europea.
El organismo señala tres vectores críticos:
1. Cotizaciones sociales muy elevadas, especialmente para los sectores con menor margen económico, lo que dificulta la contratación y resta competitividad.
2. Excesiva dependencia del IRPF y del IVA, dos tributos que golpean directamente a familias y consumidores en un contexto inflacionario.
3. Un sistema de deducciones y fiscalidad autonómica complejo, que limita la eficiencia y aumenta la inseguridad jurídica.
La OCDE advierte de que España está recaudando a ritmos “muy superiores al crecimiento real de la economía”, un desequilibrio que, según el informe, puede frenar la inversión extranjera y ralentizar el empleo estable.
Aunque el Ministerio de Hacienda defiende que la presión fiscal española sigue por debajo de la media de la UE, la OCDE matiza: cuando se ajusta por renta per cápita, España se sitúa entre los países donde más cuesta cumplir con el fisco.
El organismo reclama reformas estructurales: simplificación del sistema, alivio a autónomos, incentivos a la productividad y una revisión profunda del coste laboral. Hasta entonces, el mensaje es claro: España camina hacia un modelo fiscal de alto esfuerzo con economía de bajo rendimiento.
