El tribunal le impone dos años de inhabilitación y una multa por filtrar datos reservados del caso de González Amador.
El Tribunal Supremo ha condenado al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras considerar probado que ordenó difundir información reservada relacionada con el procedimiento abierto a Alberto González Amador. La sentencia —histórica y sin precedentes en la Fiscalía española— ha desencadenado su dimisión inmediata y ha abierto un terremoto institucional que afecta a la credibilidad del Ministerio Público y a la relación entre el Gobierno y la Justicia.
El fallo del Tribunal Supremo concluye que García Ortiz vulneró de forma grave su deber de confidencialidad al permitir la difusión de un correo interno y de una nota informativa sobre la situación procesal de González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Sala, dividida en una votación de 5 magistrados contra 2, sostiene que dicha actuación constituyó una “intromisión injustificada” en datos protegidos y un uso indebido de la posición institucional del Fiscal General.
La sentencia impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de Fiscal General del Estado, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros al afectado por daños morales. También deberá asumir las costas del procedimiento. Pese a que la condena no le aparta de la carrera fiscal de forma permanente, supone el fin abrupto de su mandato y lo convierte en el primer fiscal general condenado penalmente en democracia.
Tras conocerse el contenido del fallo, García Ortiz presentó su renuncia mediante una carta difundida por la Fiscalía, en la que afirmó aceptar las consecuencias “aunque no comparta la interpretación del tribunal”. Desde el Gobierno, la reacción ha sido de cautela: Moncloa ha evitado valorar el fondo del asunto y ha apelado a “la prudencia y el respeto institucional”, mientras crecen las críticas internas por el desgaste político que supone la condena.
El proceso ha estado rodeado de polémica desde su origen. Varias asociaciones de fiscales denunciaron anomalías y pidieron esperar a la sentencia completa, mientras que algunos sectores del Supremo expresaron preocupación por la rapidez con la que se comunicó el veredicto, conocido incluso antes de la redacción final del documento. A ello se sumó un duro voto particular firmado por dos magistradas, que consideraron que la condena carecía del soporte jurídico suficiente.
La decisión judicial ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal y el control político sobre la institución. Para la oposición, la sentencia supone un “golpe devastador” a la credibilidad de la Fiscalía bajo el actual Gobierno. Para el Ejecutivo, representa un episodio “doloroso” pero que “corresponde exclusivamente al ámbito judicial”.
Con el cargo vacante y la institución en el centro del huracán, el Gobierno deberá designar en las próximas semanas a un nuevo fiscal general en un clima de máxima tensión política y jurídica.
