A menos de un mes de la entrada en vigor obligatoria de la baliza V16 conectada, la Dirección General de Tráfico se enfrenta a una creciente polémica por la desigualdad de la norma entre vehículos españoles y extranjeros. Desde el 1 de enero, cualquier coche matriculado en España —turismos, furgonetas, camiones y autobuses— deberá llevar obligatoriamente una V16 homologada con conexión a la plataforma DGT 3.0 para señalizar averías o accidentes. Los triángulos quedarán definitivamente fuera de la ley.
Sin embargo, los vehículos matriculados fuera de España están exentos de esta obligación. Un turista francés, alemán, italiano o portugués podrá seguir circulando por las carreteras españolas con su triángulo de emergencia, mientras que un conductor español será sancionado si lo hace, incluso aunque la señalización habitual en su país sea idéntica o más estricta. Se trata de una excepción amparada por los acuerdos internacionales de circulación: España no puede imponer a un vehículo extranjero un equipamiento técnico distinto del exigido en su Estado de origen.
La decisión ha molestado a miles de conductores nacionales, que denuncian un “doble rasero” y un sobrecoste obligatorio que no afecta a quienes cruzan la frontera. También preocupa la proliferación de balizas no homologadas en el mercado, lo que podría desencadenar sanciones de hasta 200 euros por señalizar mal una incidencia o hasta 30.000 si se comercializan dispositivos falsos o sin conectividad real.
Mientras tanto, la DGT defiende que la V16 es más segura porque evita bajar del vehículo y mejora la visibilidad mediante geolocalización instantánea. Sin embargo, la asimetría normativa entre conductores españoles y europeos ya se ha convertido en uno de los debates más tensos del cierre de 2025.
