El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a una partida extraordinaria para la atención de menores migrantes no acompañados, aunque descartó incrementar la dotación pese a la presión de las regiones más afectadas.
El Gobierno de España aprobó ayer una dotación de 100 millones de euros destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, una medida presentada como respuesta urgente al aumento de llegadas y a la saturación de los sistemas de acogida autonómicos. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó autorizar los 50 millones de euros adicionales que prometió la Ministra Montero.
La partida fue aprobada en el Consejo de Ministros como financiación extraordinaria, con el objetivo de reforzar recursos en acogida, protección, educación y atención social de los menores. No obstante, el Gobierno considera que la cantidad aprobada es “suficiente en esta fase”, posponiendo cualquier ampliación presupuestaria a futuras evaluaciones.
La decisión ha generado malestar en comunidades especialmente tensionadas, como Canarias, Ceuta y Melilla, que venían reclamando un mayor esfuerzo financiero del Estado ante la presión migratoria sostenida y el elevado coste que supone la tutela de miles de menores.
Desde varios gobiernos autonómicos se advierte de que los 100 millones resultan insuficientes para cubrir la realidad sobre el terreno y se acusa al Ejecutivo central de trasladar la carga económica a las regiones sin un compromiso financiero estable ni estructural.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la falta de un sistema nacional de corresponsabilidad, tanto en financiación como en la redistribución de menores, un asunto que sigue sin consenso político y que continúa tensando la relación entre el Gobierno central y las comunidades más afectadas por la inmigración irregular.
