El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y establece un nuevo sistema de adjudicación basado en criterios objetivos, sustituyendo al tradicional sorteo cuando la demanda superaba la oferta. La medida, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, será ahora remitida al Consejo Consultivo para su dictamen previo a la aprobación definitiva.
El decreto crea un marco homogéneo para toda Canarias, con un registro único de carácter obligatorio para todas las personas interesadas en acceder a viviendas protegidas de promoción pública. El nuevo sistema de adjudicación tomará en cuenta criterios sociales, económicos y familiares, lo que permitirá priorizar a quienes enfrentan mayores dificultades reales para acceder a una vivienda digna.
Además, la norma refuerza los requisitos de arraigo y residencia en el Archipiélago, así como porcentajes de reserva para colectivos específicos, como jóvenes y personas con necesidades especiales, para garantizar un acceso más transparente y equitativo.
Con este avance, el Ejecutivo canario busca modernizar y hacer más justas las políticas de vivienda pública frente a un contexto de alta demanda y escasez de oferta accesible en el mercado actual.