La investigación llevaba meses avanzando en silencio, con informes cruzados entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, hasta que el caso estalló con toda su magnitud. Más de 300 millones de euros defraudados en el IVA de los hidrocarburos, una red empresarial con implantación en todo el territorio nacional y un sistema de corrupción diseñado para comprar voluntades en los niveles más sensibles de la Administración.
La Agencia Tributaria ejecutó a finales de diciembre una de las mayores operaciones contra el fraude fiscal jamás realizadas en España en este sector. El resultado: 38 sociedades desmanteladas, cinco detenidos, 18 registros simultáneos en siete provincias y la incautación de bienes de alto valor —inmuebles, vehículos de lujo, obras de arte, criptomonedas y metales preciosos— que ahora han quedado bajo control judicial.
El caso se instruye en la Audiencia Nacional, donde los investigadores describen una estructura piramidal perfectamente diseñada para simular operaciones de compraventa de carburantes, ocultar el IVA repercutido y hacer desaparecer a las sociedades pantalla antes de que Hacienda pudiera reclamar las cuotas defraudadas. Un fraude sostenido durante años, altamente profesionalizado y con ramificaciones internacionales.
El salto cualitativo: del fraude fiscal a la corrupción política
Pero la causa dio un giro decisivo cuando los informes de la UCO incorporados al sumario comenzaron a detallar algo más que ingeniería fiscal. Según la documentación judicial, la conocida como “trama del fuel” habría reservado alrededor de un millón de euros para sobornos destinados a influir en decisiones administrativas clave.
En el centro del foco aparece el nombre del exministro José Luis Ábalos, a quien los investigadores sitúan como uno de los destinatarios de presuntas dádivas —dinero, favores y hasta la cesión de un inmueble— a cambio de facilitar o desbloquear licencias estratégicas para operar en el sector energético. En lenguaje interno de la trama, recogido en conversaciones intervenidas, se hablaba sin rodeos: “se les ha dado más de un kilo”.
La instrucción judicial sostiene que la organización no buscaba protección política genérica, sino acceso directo a decisores del entorno gubernamental, conscientes de que sin ese respaldo la operativa no podría mantenerse en el tiempo. El objetivo era blindar autorizaciones, sortear controles y garantizar impunidad.
El cerco se estrecha
El juez instructor ha comenzado a llamar a declarar a altos cargos y exresponsables de gabinete de distintos ministerios, en una fase que apunta a esclarecer hasta dónde llegó la red de influencias y quién conocía realmente el alcance del fraude. Aunque por el momento no hay imputaciones directas más allá de los cabecillas empresariales, el procedimiento avanza ya en clave penal y política.
Desde el entorno judicial se subraya que el caso no está cerrado y que pueden producirse nuevas imputaciones conforme se analicen los movimientos bancarios y los flujos de dinero hacia intermediarios y fundaciones pantalla.
Un caso que trasciende lo fiscal
La macrotrama del IVA del fuel no es solo un escándalo tributario. Para la Audiencia Nacional se trata de un modelo de corrupción estructural, donde el fraude masivo al erario se combina con intentos de colonizar el poder político. Un patrón que, según fuentes del caso, recuerda a los grandes sumarios que acabaron marcando una época.
Mientras el Gobierno guarda silencio y el PSOE evita pronunciamientos de fondo, el sumario sigue creciendo. Y con cada folio incorporado, el círculo judicial se estrecha peligrosamente en torno al núcleo de decisiones del Ejecutivo.
La investigación continúa. Y el juez aún no ha dicho la última palabra.