La aprobación del proyecto de decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en Canarias —y que sustituye el sorteo por criterios objetivos— llega como un parche necesario en un problema estructural que lleva demasiados años incubándose. Es un intento de ordenar el caos. Pero el caos no nace hoy. El caos se permitió.
¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque durante años se dejó que la vivienda dejara de ser un derecho social para convertirse en un activo financiero sin contrapesos. Porque los fondos de inversión entraron a comprar en bloque mientras la política miraba a otro lado, celebrando cifras macro que no se traducían en hogares accesibles. Porque se legisló —o se dejó de legislar— favoreciendo la ocupación y la “inquiocupación”, desprotegiendo al pequeño propietario y trasladando al mercado un mensaje inequívoco: alquilar es un riesgo.
Y porque también, conviene decirlo, una parte de la sociedad asumió como normal que los precios subieran sin freno. La ansiedad del comprador y del arrendatario se convirtió en el mejor aliado de la especulación. Inmobiliarias jugando con el miedo a “perder la oportunidad”, intermediaciones que se reinventan para cobrar siempre, y una novedad inquietante: hoy paga casi todo el propietario, compre o alquile; mañana, también el que necesita techo. El mercado se “ordena” a costa del más débil. A costa del MIEDO el arma más poderosa del planeta. El MIEDO.
En medio de este totum revolutum, queda invisibilizado el ciudadano corriente. El que trabajó 40 años, cotizó, se sacrificó, y logró una vivienda —o dos— como colchón para una vejez digna. No es un especulador; es alguien que ahorró donde el sistema le dijo que ahorrara. Hoy se le señala, se le regula hasta la asfixia y se le responsabiliza de un problema que no creó. El gran capital, en cambio, sigue encontrando vericuetos. Los más grandes, los súper grandes, los que están por encima del bien y del mal juegan con las leyes a su antojo; el ejemplo lo tenemos con uno de los peores ministros de Hacienda (MONTORO PP) y con la otra que le va a la par (MONTERO PSOE); entre los dos no sacamos un tercio de persona buena, empática y que recuerden la verdad del ciudadano, la verdad de la calle. Ambos son… lo que usted quiera poner en los puntos suspensivos.
¡Volvemos a la madre del cordero! ¿PODEMOS decir esta expresión, no?
La vivienda no se construye porque la burocracia —o mejor, la burrocracia— lo hace inviable: plazos eternos, licencias imposibles, suelos bloqueados, parques públicos cerrados, embargados o abandonados. Los bancos, actores centrales del desastre pasado, destrozaron vidas y barrios; hoy acumulan stock y memoria selectiva. El país promete y despromete con la misma facilidad con la que cambia de opinión. Y lo peor: hemos normalizado la mentira política como un ruido de fondo.
Todo esto ocurre en un país que prepara a sus hijos para ser funcionarios —honorabilísimo— pero no con el mismo empeño para ser creadores de empresas, de riqueza, de prosperidad. Olvidamos una obviedad incómoda: son los negocios los que pagan sueldos, sostienen servicios públicos y financian la política. Mientras tanto, convivimos con una de las Haciendas más duras del entorno, que recauda mucho, construye poco y conserva peor.
España sigue mirando al retrovisor, nombrando fantasmas, dividiéndose con una facilidad pasmosa. A ratos parece un país que desea devorarse a sí mismo —autofagitarse, autodestruirse—, una tentación peligrosa que recuerda, salvando todas las distancias, a procesos de descomposición conocidos en la historia europea.
Y Canarias, en este contexto, es un espejo con grietas. Avanza en muchas cosas, pero arrastra un complejo profundo con lo de fuera. Acoge a todo el mundo—como debe—, pero a menudo reniega de lo propio. Se deslumbra con quien llega, aunque venga a usarla y marcharse dejando poco. Somos frontera, plataforma, laboratorio… y a veces patio trasero. Un pañuelo de usar y tirar.
Este editorial no va contra nadie. Es una descripción —falible, discutible— de una realidad incómoda. Si erramos, pedimos disculpas: no se nos caen los anillos. Pero negarla sería peor.
Canarias es vital para España y para Europa. Y Europa, en su deriva tecnocrática, coquetea con debilitar las RUP, discriminando entre territorios ricos y pobres, como si la cohesión fuera un estorbo. El Archipiélago solo saldrá de este lodazal si refuerza su diferencia: su REF, su fiscalidad singular, su capacidad de decidir y de proteger a los suyos sin cerrarse al mundo. Empoderar el REF no es privilegio; es supervivencia.
Porque si España insiste en jugar a ser el último vagón de Europa, Canarias no puede permitirse ser el furgón de cola de España. En canario: Canarias el culo de España, España el culo de Europa. Ordenar la adjudicación de vivienda es necesario. Pero sin una reflexión profunda sobre cómo hemos llegado hasta aquí, cualquier decreto será solo eso: un intento de poner orden en el totum revolutum.
Porque, seamos serios, la vivienda es probablemente el problema más complejo y más hipócrita de todos. Nadie tiene una varita mágica, pero sí hay verdades incómodas que conviene decir en voz alta. Una de ellas es el papel de la banca.
Hoy, los bancos —que vuelven a presentar beneficios récord— exigen al comprador medio disponer de un 20% del valor de la vivienda más gastos. En la práctica, hablamos de entre un 30% y un 35% del precio total. ¿Quién puede ahorrar eso en el mundo real? ¿Qué joven, qué familia trabajadora, qué autónomo lo consigue pagando alquileres disparados, luz, comida e impuestos? La respuesta es sencilla: casi nadie.
No siempre fue así. Antes del estallido de la burbuja, se concedían hipotecas del 110% o incluso del 120%. Aquello fue un exceso que acabó mal y del que todos pagamos las consecuencias. Pero el péndulo ha ido ahora al otro extremo. Ni tanto ni tan poco. El sistema ha pasado de la irresponsabilidad al inmovilismo, y de nuevo el coste recae sobre el ciudadano, no sobre quien ganó —y gana— dinero en ambos escenarios.
Mientras tanto, en Canarias se construyen en torno a mil viviendas al año, en un territorio que suma más de 20.000 nuevos residentes anuales. La cuenta no sale. Nunca ha salido. Y no hace falta ser economista para entenderlo. Menos oferta, más demanda, precios al alza. Es matemática básica. Todo lo demás son discursos.
El resultado es un mercado tensionado, expulsivo, donde la vivienda deja de ser un proyecto de vida y pasa a ser una carrera de obstáculos. Donde alquilar es caro, comprar es casi imposible y esperar a una vivienda pública se convierte en una lotería con normas cambiantes. Un totum revolutum perfecto.
La banca no puede seguir instalada en la comodidad del “no es nuestro problema”. Lo fue cuando se concedían hipotecas sin control y lo es ahora cuando se levantan muros infranqueables de entrada. Si no hay soluciones intermedias —avales públicos reales, porcentajes de financiación razonables, modelos adaptados a territorios tensionados como Canarias— el sistema seguirá bloqueando a generaciones enteras.
Y entonces, no nos engañemos, no habrá decreto, registro ni baremo que arregle lo que en el fondo es una falta de equilibrio. Porque la vivienda no es solo una cifra en un balance. Es estabilidad, arraigo y futuro. Y cuando eso falla, todo lo demás empieza a desordenarse.