El Partido Socialista ha solicitado un informe económico a dos profesores de la Universidad Autónoma para evaluar su gestión financiera interna, una iniciativa presentada como auditoría externa pero que, en la práctica, evita un control independiente real.
El PSOE ha optado por una fórmula de autoevaluación económica al encargar un informe financiero a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, en lugar de recurrir a una firma auditora independiente. La decisión, anunciada como un ejercicio de transparencia, ha despertado críticas por tratarse de un control de parte, sin carácter vinculante ni capacidad fiscalizadora real.
Según fuentes conocedoras del contenido preliminar del análisis, el informe no detecta irregularidades estructurales en la contabilidad del partido y concluye que la gestión ordinaria se ajusta a los parámetros legales y presupuestarios habituales de una organización política de ámbito estatal.
Sin embargo, el documento sí señala un foco de gasto claramente diferenciado del resto: el vinculado al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, cuyas partidas destacan por su volumen y singularidad frente al patrón general del partido. De hecho, es el único apartado que los propios autores consideran “llamativo” dentro del conjunto de gastos analizados.
La elección de profesores universitarios —sin funciones de auditoría homologada ni acceso pleno a mecanismos de fiscalización— ha sido interpretada por sectores críticos como un intento del PSOE de ganar tiempo, rebajar presión política y controlar el relato, en un momento especialmente delicado para la formación por los escándalos que rodean a antiguos dirigentes.
Mientras el partido insiste en que el informe avala su buena salud financiera, la ausencia de una auditoría externa independiente mantiene abiertas las dudas sobre el verdadero alcance del ejercicio de transparencia anunciado.