La Agencia Tributaria pone en marcha en 2026 su mayor refuerzo de control fiscal de la última década, apoyándose en nuevas obligaciones informativas, un mayor flujo de datos bancarios y el uso intensivo de herramientas de análisis avanzadas, incluida la Inteligencia Artificial. El objetivo declarado es aumentar la recaudación y reducir el fraude, pero el impacto se deja sentir ya en autónomos, pymes y sectores con alta actividad en pagos digitales.
Desde hoy, bancos y entidades de pago comunican a Hacienda con mayor detalle los cobros realizados por empresas y profesionales a través de tarjetas, transferencias y plataformas como Bizum, sin mínimos exentos. También se intensifica el control sobre el efectivo contable, la facturación electrónica y determinadas prácticas habituales en comercios y servicios.
La Administración refuerza además los acuerdos de intercambio de información con agencias tributarias de otros países, ampliando el cerco sobre rentas no declaradas y movimientos internacionales. Todo ello se integra en sistemas de análisis automatizado que permiten detectar incoherencias, cruces de datos y perfiles de riesgo fiscal.
No obstante, Hacienda aclara que no existe un control masivo sobre los pagos personales de los ciudadanos: los Bizum entre particulares y los movimientos privados sin actividad económica quedan fuera del radar tributario.
Pese a estas aclaraciones, el nuevo escenario consolida una mayor presión fiscal indirecta, con más supervisión, menos margen de error y una relación cada vez más asimétrica entre la Administración y el contribuyente.